- En Madriz
CORRESPONSAL/MADRIZ
El doctor César Augusto Díaz Rivas, médico ortopedista de la ciudad de Somoto, se sumó ayer al clamor de ex trabajadores del departamento de Madriz, que vienen exigiendo el pago de sus liquidaciones o prestaciones sociales, dieciséis meses después de haber sido despedidos de las distintas instituciones del Estado.
Sólo en el Consejo Electoral de Madriz más de 60 ex trabajadores (entre delegados, técnicos, secretarias, choferes y vigilantes) están sin recibir el pago de sus liquidaciones.
Los ex empleados de esa institución han demandado por todas las vías la pronta entrega de sus prestaciones sociales sin tener respuesta alguna, a pesar de haber obtenido un fallo favorable del Ministerio del Trabajo (Mitrab), que manda la cancelación total e inmediata de lo que se adeuda a estos trabajadores.
EN LA DGA
Mientras que en la Administración de Rentas de la ciudad de Somoto nueve ex trabajadores, que fueron despedidos con el cuento de que se estaba desarrollando un plan de reestructuración y reordenamiento institucional, no han recibido desde hace un año y medio su liquidación.
Yolanda del Carmen Hernández, ex funcionaria de la Administración de Rentas, dijo ayer que ya no encuentran a qué instancias recurrir para que les cancelen sus prestaciones sociales.
YA PRESCRIBIÓ
También en el Ministerio de Salud unos 35 profesionales y trabajadores de la Salud, que están en el desempleo, no reciben un solo centavo de sus prestaciones sociales.
El doctor César Augusto Díaz Rivas, quien laboró para el hospital de la ciudad de Somoto, denunció que decidió acudir al juzgado civil de esta localidad para demandar el pago de su liquidación, pero el juez de esa sala le dijo que no daba lugar a su demanda porque ésta ya había prescrito.
El pago de las liquidaciones a trabajadores despedidos del Estado abarca a las instituciones públicas como el Instituto Nacional Forestal (Inafor), Ministerio de Educación, MiFamilia, entre otros, donde los funcionarios se excusan de hablar de este tema, aduciendo que esto lo ve el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
