- Entregaron informe detallado de los agresores y esperan que la Policía no encubra a las turbas orteguistas
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Después de haber entregado un informe que incluye nombres y apellidos, 118 fotos y vídeos de los responsables de la agresión que sufrieron, el pasado 8 de agosto, los directivos de la Coordinadora Civil (CC) retan a la jefa de la Policía Nacional, primera comisionada Aminta Granera, a demostrar la imparcialidad de la institución cumpliendo lo establecido en la ley.
“La primera comisionada Aminta Granera, Directora Nacional de la Policía, debe definir su participación en las agresiones de las orteguistas fuerzas de choque y su relación con Pedro Orozco, que se identificó como “Policía Encubierto” y exigió a los miembros de la Coordinadora Civil que se retiraran de los predios de Catedral o seríamos agredidos”, dice un comunicado divulgado por la organización de la sociedad civil.
El escrito explica que el viernes pasado el periodista Mario Sánchez, responsable de Relaciones Públicas de la organización, al comparecer ante la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ) identificó durante su interrogatorio, con nombres, apellidos y lugares de trabajo a los autores materiales directos y cabecillas de la agresión que sufriera él y otros miembros de la CC en los predios de la Catedral de Managua el mes pasado, donde tenían previsto realizar un acto cultural para clausurar la jornada de celebración de la asamblea general anual del organismo.
Sánchez los acusó de intento de homicidio y relató cómo estas personas los agredieron a patadas, puñetazos, garrotazos, pedradas, golpes con botellas de agua congelada (hielo), tanto en el sector de los semáforos del banco HSBC como en los predios de Catedral. La información también ha sido entregada a la Fiscalía General de la República.
Los miembros de la CC señalan a sus agresores como miembros de las fuerzas de choque del gobierno e integrantes del Frente Sandinista de Liberación nacional (FSLN).
Durante el ataque, varios agentes de la Policía, en lugar de defenderlos, se quedaron como espectadores, lo que atribuyen a una orden del presidente Daniel Ortega. Por eso, el reto de la institución del orden es ahora demostrar que no encubre las actividades de las fuerzas de choque del orteguismo y que aplica la ley por igual a todos los que las transgreden.
