- Los actuales magistrados electorales han pervertido la cedulación, según especialistas y ex presidenta del CSE
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El Consejo Supremo Electoral (CSE), a cargo del magistrado Roberto Rivas desde febrero del año 2000, desperdició la “mesa servida” que dejaron las autoridades anteriores con el proceso de cedulación, que se inició en los años noventa, según la ex presidenta del CSE, Rosa Marina Zelaya, para quien es “injustificable” que obtener una cédula sea ahora más difícil que nueve años atrás.
Zelaya recordó que en 1993, cuando iniciaron los estudios pilotos para la cedulación, había varios problemas como el subregistro civil, el desplazamiento poblacional y los obstáculos de la pobreza. Sin embargo, esos problemas se superaron integrando el Registro Civil al Consejo para lograr una etapa masiva de la cedulación en 1999, cuando calcula que el 94 por ciento de los nicaragüenses ya había solicitado su cédula y al 91 por ciento se le había entregado.
La ex magistrada no se explica por qué, si entonces se perseguía reducir los costos de las elecciones y evitar que existieran “ciudadanos de segunda” que no tuvieran cédula, nueve años después ninguna de las dos metas es posible, pues el proceso electoral sigue siendo uno de los más costosos (con un promedio de 25 dólares por cada voto válido) y la profesionalización de la cedulación está por debajo de los intereses partidarios.
“Es lamentable que una institución, en lugar de mejorar y mejorar haya retrocedido. Si en 1999 había un 94 por ciento (de personas que iniciaron el trámite de cedulación), lo ideal es que las siguientes autoridades completaran el ciento por ciento y continuaran mejorando y agilizando el proceso”, dijo Zelaya.
“En cambio —cuestionó— vemos una institución que ha retrocedido, ya no es un Consejo en el que los ciudadanos confían, no lo ven respetable, sino cuestionado, lo más reciente con el fraude en las elecciones municipales del año pasado”.
¿Y LA COMISIÓN Y DIRECCIÓN GENERAL DE CEDULACIÓN?
El artículo seis de la Ley de Identificación Ciudadana obliga a las autoridades nacionales a crear la Comisión Nacional y la Dirección General de Cedulación, para dirigir, organizar y ejecutar la cedulación nacional. Según el artículo siete de la misma ley, la Dirección estará a cargo de un funcionario nombrado por el CSE, que actualmente es Sergio Rayo.
Mientras, la Comisión debería estar integrada por el director general de cedulación y cuatro miembros propuestos por los partidos políticos y escogidos por el Consejo. Sin embargo, ni siquiera la identidad de los mismos se pudo obtener del Tribunal Electoral, reacio a las consultas de LA PRENSA.
Jairo Luna, técnico electoral del Instituto para la Democracia y el Desarrollo (Ipade), cuestionó que sea el magistrado sandinista y vicepresidente del CSE, Emmett Lang Salmerón, quien controla la Dirección de Cedulación, con la excusa de ordenar la distribución de los talonarios para las solicitudes de cédulas.
Además, reclamó que “los mismos funcionarios del CSE violen la Ley de Identidad Ciudadana, al no mantener las oficinas municipales de cedulación abiertas de forma permanente”, y porque en cambio “miembros de los partidos entregan cédulas a domicilio y hasta por paquete, cuando el retiro debe ser personal”.
Zelaya y Luna coincidieron en la necesidad de reemplazar a los actuales magistrados por nuevos funcionarios honestos, y lograr reformas electorales sin reformar la Constitución.
“Se necesitan funcionarios honestos, que se desvinculen de los intereses partidarios. El resultado de la partidarización del CSE es evidente con la cancelación de personerías jurídicas, entrega o fabricación de cédulas a simpatizantes de un partido, no autorización para observación electoral… Es decir, todo un proceso amañado que desanima a la ciudadanía”, dijo Luna.
