- Propuesta de reforma a ley del Colegio de Periodistas trata de “domesticar” al gremio, denuncia APN
[/doap_box]
La propuesta de reforma a la Ley Creadora del Colegio de Periodistas de Nicaragua (CPN) es tan ambigua y deja tantos vacíos que ha generado el temor de que su único objetivo sea “domesticar” al gremio y desembocar en una ley de delitos mediáticos, similar a la que promueve el Gobierno de Venezuela.
Róger Suárez, presidente de la Asociación de Periodistas de Nicaragua (APN), estima que la propuesta le otorga tantas atribuciones al Comité de Ética y Honor del CPN que debe ser rechazada por el periodismo democrático.
Agregó que para nadie es un secreto que el CPN está partidizado y es controlado por el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), por lo que no se puede permitir que quede en sus manos la decisión de elegir quién puede ejercer la profesión y de sugerir a las empresas a quién deben contratar.
“Obligar a un profesional de la comunicación a colegiarse es violatorio de algunos derechos y antidemocrático. Va en detrimento de la libertad de expresión. Sabemos que ese comité de Ética y Honor está integrado por personas que reciben claras orientaciones del partido de gobierno”, advirtió Suárez posiblemente refiriéndose a la diputada sandinista Martha Marina González, quien es la promotora de la reforma a la ley.
La APN alertó al gremio a tener cuidado porque la propuesta podría ser parte de un plan global del Estado-Partido para controlar al periodismo independiente, imitando el ejemplo de Hugo Chávez en Venezuela.
VIOLA CÓDIGO LABORAL
Sofía Montenegro, del Centro de Investigación de la Comunicación (Cinco), considera que la propuesta nació viciada porque viola algunos derechos humanos de los periodistas, el artículo 80 de la Constitución Política y la libre contratación que otorga el Código Laboral; y además tiene un carácter represivo y controlador.
Recordó que en noviembre de 1985, ante la pretensión del Colegio de Periodistas de Costa Rica de imponer la obligatoriedad de la colegiación, la Corte Interamericana de Derechos Humanos lo catalogó como una violación por ser incompatible con los artículos 13 y 29 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos.
Montenegro coincide con Suárez en la partidización del CPN y en que está subordinado al partido de gobierno, por lo que considera que existe un conflicto de intereses, porque el Comité de Ética que dirige la diputada González tendría la atribución de elegir a quienes puedan ejercer la profesión y recomendar a quienes deben ser contratados.
Montenegro estima que, al no señalar el proyecto quién será la “autoridad competente” para imponer sanciones y cuáles serán éstas, deja en evidencia el espíritu represivo y deja abiertas tantas puertas que podría desembocar en una ley de delitos mediáticos, similar a la que se promovió en Venezuela y tuvo que ser guardada ante el rechazo nacional e internacional que recibió.
UPN NO FUE CONSULTADA
Roberto Larios, presidente de la Unión de Periodista de Nicaragua (UPN), dijo que la propuesta de reforma al CPN lo tomó por sorpresa y nadie consultó a su organización, a pesar de que el 80 por ciento de los afiliados al CPN pertenecen a la UPN.
“Comparto la opinión del colega Guillermo Cortés, en el sentido de que tal como está presentada, al menos en lo que se refiere al Comité de Ética, se le están otorgando atribuciones que deberían ser de la directiva. Más allá de eso, lo que nos preocupa es que se haya presentado un proyecto que no ha sido consultado con las bases del colegio”, afirmó Larios.
Sin embargo, Larios defiende la obligatoriedad de pertenecer al CPN para poder ejercer el periodismo, porque considera que evitará “abusos de parte de los medios y que cualquier político de la noche a la mañana se convierta en periodista”.
“Eso lo han permitido los propietarios de los medios, por eso creemos que el CPN debe otorgar las credenciales para ejercer la profesión”, enfatizó.
Larios acusó a los propietarios de los “grandes medios” de cometer muchos abusos, de ser los enemigos de la colegiación, pero admitió que la UPN está en desacuerdo con muchos artículos de la reforma y de la ley de colegiación en general, especialmente los referidos a la discrecionalidad en el uso y el destino de los fondos que recibe el CPN.
Larios insistió en que no se puede seguir promoviendo una reforma que no fue consultada con las bases, y recomendó que no se tomen decisiones unilaterales y que el proyecto regrese al CPN para discutirlo entre sus afiliados y resto de organizaciones gremiales.
La APN anunció que buscará el apoyo de juristas reconocidos y de diputados de las bancadas democráticas de la Asamblea Nacional para evitar que den sus votos para aprobar esta reforma.
