- Hambre Cero no levanta cabeza
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Ver Infografia > La “alarmante subejecución” del Programa Productivo Alimentario (PPA), conocido como Hambre Cero, es una de las muestras más visibles de la ineficiencia del Gobierno del presidente Daniel Ortega para ejecutar el Programa de Inversiones Públicas (PIP), que se encamina a cerrar por tercer año consecutivo, es decir desde que asumió el poder, por debajo de la ejecución programada, advierten los especialistas.
El ex viceministro de Finanzas, René Vallecillo, proyectó que a estas alturas, cuando el Gobierno registra una ejecución de sólo un 31.8 por ciento del PIP durante el primer semestre de este año, es difícil que logre alcanzar al menos el 70 por ciento de ejecución de los recursos destinados para ese rubro en el 2009, equivalentes a poco más de 7,437 millones de córdobas.
Datos del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) indican que la administración de Ortega sólo logró ejecutar 7,892.9 millones de córdobas, de un total de 9,219.7 millones de córdobas contemplados en el PIP en el 2007, es decir cuando asumió el poder.
La tónica fue la misma en el 2008 cuando de un total de 9,042.3 millones de córdobas programados para el PIP, sólo logró ejecutar 7,385.5 millones de córdobas.
En contraste, por ejemplo, la administración de Enrique Bolaños (2002-2006) logró sobrecumplir las metas de inversiones del PIP durante los primeros cuatros años de su gobierno, aunque en el quinto quedó por debajo de lo programado, según un reporte del SNIP.
EMPLEADOS ABOCADOS A JORNADAS PARTIDARIAS
“Uno de los grandes problemas es que el Gobierno (de Ortega) se ha enfocado más en la parte política (participación de empleados públicos en marchas y otras actividades partidarias, por ejemplo), afectando el funcionamiento de la administración pública, que debe estar enfocada en la ejecución de los proyectos”, valoró Vallecillo.
El ex viceministro de Finanzas durante la administración de la presidenta Violeta Barrios de Chamorro recordó que en el primer semestre del año es cuando se deben hacer los mayores esfuerzos para invertir la mayor cantidad de recursos en obras públicas, para aprovechar la época seca.
“En el segundo semestre las obras marchan más lentas porque, naturalmente, tenemos la temporada lluviosa que dificulta los trabajos. Entonces veo muy difícil que en esta segunda mitad del año se logren importantes avances en el plan de inversiones”, reiteró.
A la baja ejecución del presupuesto de inversiones, Vallecillo suma la falta de recursos de la cooperación internacional, entre ellos los casi 100 millones de dólares en apoyo presupuestario que se mantienen congelados tras los fraudulentos comicios municipales de noviembre pasado.
MENOS TRANSPARENCIA
Una de las instituciones que muestra una de las más bajas ejecuciones presupuestarias es el Ministerio Agropecuario y Forestal (Magfor), en especial proyectos emblemas como el Programa Productivo Alimentario (PPA) o Hambre Cero que, al primer semestre del 2009, muestra la ejecución más baja en comparación al mismo periodo de los años 2007 y 2008.
El Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (IEEPP) advirtió que este resultado “es alarmante dada la relevancia de este programa social del Gobierno de la República, en el marco de la Estrategia de Reducción de la Pobreza”.
Un análisis preliminar del IEEPP, elaborado por el investigador de la entidad, Eduardo Marenco, indica que la ejecución de los fondos del PPA durante el primer semestre del año asciende a sólo un 7.2 por ciento, en contraste con el 16.5 por ciento del mismo periodo del 2007, y del 43.5 por ciento al concluir el primer semestre del 2008.
Sin embargo, el reporte del IEEP asegura que la ejecución se deteriora aún más cuando se trata de los fondos del Bono Productivo Alimentario, el principal componente del PPA, donde registra un avance de sólo el 5.8 por ciento durante el primer semestre de 2009, muy por debajo del 35.4 por ciento que logró en el mismo tramo, pero del 2008.
Para este año, el PPA tiene un presupuesto de alrededor de 367.51 millones de córdobas, de los cuales 318 millones corresponden al bono productivo, el cual consiste en la entrega de un paquete de insumos y animales (una vaca, una cerda, cinco gallinas y un gallo) por familia beneficiada.
Las fuentes de financiamiento del PPA no ejecutadas en 2009 provienen de las rentas del tesoro, del Alivio de la Iniciativa para Países Pobres Altamente Endeudados (HIPC), así como del alivio de los bancos Interamericano de Desarrollo (BID) y Centroamericano de Integración Económica (BCIE).
Tampoco se ha desembolsado 81.2 millones de córdobas correspondientes a un préstamo del BID, según el Informe de Ejecución Presupuestaria Enero-Junio 2009 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
Para el IEEPP la consecuencia de esta subejecución presupuestaria en el PPA “es que el Gobierno podría verse obligado a realizar contrataciones sin licitación” en el segundo semestre del año para poder ejecutar la totalidad del presupuesto por devengar, “disminuyéndose la transparencia y la eficacia de las políticas públicas, tal como ha ocurrido en años anteriores”.
MILLONES YA ESTÁN AUTORIZADOS
De hecho, la Contraloría General de la República (CGR) ya ha autorizado al Magfor la contratación de poco más de 134 millones de córdobas por la vía de exclusión de procedimientos, lo que equivale a poco más del 42 por ciento del presupuesto asignado al Bono Productivo Alimentario para este año.
El IEEPP recordó que durante los tres primeros años de la administración del presidente Ortega, la CGR ha autorizado contratar por la vía exclusión de procedimientos un total de 606 millones de córdobas, equivalentes a poco más del 79 por ciento del presupuesto asignado al Bono Productivo Alimentario durante los tres primeros años de su implementación, lo cual asciende a 765 millones de córdobas para este período trianual.
Precisamente esta semana el Grupo Cívico Ética y Transparencia demandó a la Asamblea Nacional la aprobación de la nueva Ley de Contrataciones Administrativas del Sector Público, para mejorar la transparencia y el buen uso de los recursos del Estado, lo cual pasa por “evitar el uso excesivo de exclusión de procedimientos ordinarios”.
