- También lamentan la pasividad de la Policía Nacional ante ataques
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Organizaciones de la sociedad civil consideran que la represión y el miedo impuestos por el presidente Daniel Ortega, a través de sus “turbas delincuenciales”, sobre los ciudadanos que intentan ejercer su derecho a expresarse evidencian un claro golpe de Estado sostenido y sistemático a la democracia y al Estado de Derecho.
“El Gobierno impide el ejercicio pleno de los derechos constitucionales a la libertad de opinión, expresión, movilización y organización. Afecta, vulnera y viola de manera clara los derechos humanos fundamentales, como el derecho a la vida y la integridad física y moral de las personas”, dice un comunicado emitido por la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH). El documento también fue avalado por el Movimiento por Nicaragua (MpN) y Hagamos Democracia.
El comunicado emitido por la CPDH igual fue aprobado por la Organización Permanente de la Sociedad Civil por la Justicia (OPJ) y Projusticia.
Violeta Granera en nombre de dichas organizaciones exigió al presidente Ortega respetar la constitución y poner en práctica su discurso de “paz y reconciliación”.
Lamentó la pasividad y complicidad de oficiales de la Policía que en lugar de honrar el lema de su institución, “proteger y servir”, dejaron en total indefensión a los miembros de la Coordinadora Civil (CC) y otras organizaciones mientras eran atacados por las turbas orteguistas, el sábado por la tarde en el terreno de la Catedral de Managua, donde el Arzobispo les había otorgado permiso para realizar un acto cultural.
SÓLO EXIGEN RESPETO
Por su parte, Luisa Molina, enlace nacional de la CC, anunció que denunciarán ante la Organización de Naciones Unidas (ONU) y la Organización de Estados Americanos (OEA) que unos veinte integrantes de la CC, CPDH y el MpN fueron víctimas de violencia física, verbal y emocional.
Reiteró que interpusieron la denuncia ante las autoridades únicamente para agotar la vía legal nacional y así obtener el derecho de llevar el caso ante tribunales internacionales, ya que hasta ahora a ninguno de los afectados por las turbas orteguistas se le ha hecho justicia.
Según Molina, es “bien sabido que se cometió un fraude electoral” y es necesario recobrar la paz, el bien común y la institucionalidad. Por eso han presentado una propuesta de nación que busca soluciones, porque “sólo dialogando se va a lograr un país de equidad y justicia social”.
Anunció que no van a desarrollar acciones en contra de nadie y seguirán portando la bandera de la paz, el diálogo y el bien común, porque “sólo exigimos el respeto que merece la sociedad civil y en tanto la Constitución no se reforme y nos lo siga permitiendo, vamos a seguir organizándonos y exigiendo el respeto a nuestros derechos”, dijo Molina.
A pesar de que la jefa de la Policía, primera comisionada Aminta Granera, prometió a Vilma Núñez, directora del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), investigar y sancionar a los cómplices del ataque, el director jurídico de la institución Gonzalo Carrión teme que el ofrecimiento sólo sea una promesa, “ya que en casos similares lo ha hecho y hasta ahora no se castiga a ningún involucrado”.
Anunció que activarán los mecanismos de defensa de derechos humanos a nivel internacional. “Pediremos que se tomen medidas cautelares para que cualquier ciudadano que quiera expresarse lo haga sin temor”, dijo Carrión.
ANUNCIAN MEDIDAS
Diputados de diversas bancadas también condenaron la agresión y señalaron que se deben tomar acciones, que pueden ir desde la interpelación de la Ministra de Gobernación, Ana Isabel Morales, y de autoridades de la Policía Nacional, hasta solicitar que el presidente Daniel Ortega destituya a la viceministra de Turismo, Meyling Calero, por ser una de las que dirigió el ataque de las turbas.
El diputado Salvador Talavera manifestó que la agresión fue un “mensaje de pésimo gusto al actuar con la ley de la jungla”, tomando en cuenta que actualmente se desarrollan negociaciones con los cooperantes, para recuperar los recursos congelados por las denuncias de fraude.
Dijo que esta situación será una prueba de fuego para los diputados en el Poder Legislativo. “Va a ser una demostración clara, para que sirva como un termómetro de cómo verdaderamente anda la moral y los principios de cada diputado, porque si hay algún diputado que con sus dos dedos de frente no pueda percibir el peligro que se está minando y cercenando al pueblo sus derechos, sus libertades, me parece que necesita ponerse un par de buenos anteojos para ver la realidad del país”, precisó Talavera.
La diputada Élida María Galeano, aliada del partido de Gobierno, dijo que era posible que ese tema se abordara en la reunión de la Comisión de Gobernación, Defensa, Paz y Derechos Humanos a realizarse mañana, para determinar las medidas a tomar, ya que como aliada no le parece correcto la situación que se presentó el pasado sábado.
El jefe de la Bancada Democrática Nicaragüense (BDN), Adolfo Martínez Cole, dijo que es inconcebible, que el presidente Ortega, critique situaciones en países vecinos y permita que en Nicaragua se cometan ese tipo de “aberraciones”.
El diputado Carlos García, de la Alianza Liberal Nicaragüense (ALN) y directivo parlamentario, expresó que estas situaciones son “peligrosísimas para la democracia y son una pequeña muestra de lo que puede acontecer en el futuro. Además, creo que la Policía tiene un grado de culpabilidad”, indicó García.
