- Por sus ataques a medios de comunicación
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Tomado de EL UNIVERSAL/Caracas, Venezuela
El cese de las transmisiones de 34 emisoras de radio y la amenaza que pesa sobre 200 más y contra la televisora Globovisión; así como la posibilidad de que se apruebe una reforma legal que obligue a los canales por cable a transmitir las cadenas presidenciales, es rechazado por 8 de cada 10 caraqueños.
Así lo reveló el estudio de opinión comparada elaborado por Mercanálisis, en el cual 500 personas residentes en los cinco municipios que forman la ciudad de Caracas fueron entrevistadas.
El sondeo de la empresa encuestadora resalta que la revocatoria de la concesión a las radios fue reprobada por 84 por ciento de los consultados, mientras que una eventual medida similar contra el canal 33 sólo sería respaldada por 20 por ciento y la posibilidad de que se modifique la Ley de Telecomunicaciones para obligar a las compañías de cable a unirse a las alocuciones del presidente Hugo Chávez es rechazada por 79 por ciento de los entrevistados.
CONTRA EXPROPIACIONES
Las expropiaciones de empresas y fincas tampoco agradan a la mayoría de los habitantes de la capital de Venezuela, pues según el estudio de Mercanálisis, 82 por ciento de los consultados se manifestaron en desacuerdo con que el Estado asuma un rol más preponderante en la economía.
Asimismo, el 83 por ciento expresó su oposición a que en Venezuela se instale un sistema similar al que impera en Cuba.
El sondeo también buscó conocer la evaluación que los caraqueños hacen del esfuerzo y la labor del presidente Hugo Chávez por resolver sus problemas. 39 por ciento de los consultados la calificó de positiva, mientras que 20 por ciento la consideró de regular hacia positiva; 27 por ciento la tildó de negativa y 11 por ciento la ponderó como regular hacia negativa.
CREEN MÁS EN LA IGLESIA
Otro de los asuntos analizados fue el relacionado con el nivel de confianza en las instituciones. La Iglesia, con 39 por ciento, es la que goza de la mayor credibilidad entre los habitantes de Caracas, sobre todo entre aquellos que se definen como opositores o neutrales. En segundo y tercer lugares, respectivamente, se ubican la Universidad Central de Venezuela (UCV) y las empresas privadas, con 30 y 20 por ciento.
Los medios de comunicación independientes, por su parte, gozan de la credibilidad de 16 por ciento de los consultados; mientras que los oficiales de 13 por ciento.
En lo que respecta a las instituciones menos confiables, la lista la encabezan los cuerpos policiales, los cuales son mal vistos por 45 por ciento de los entrevistados, seguidos por la Asamblea Nacional (25%) y los militares (23%).
UNA FORMA DE INTIMIDAR
Pese a que la Asamblea Nacional de Venezuela dio marcha atrás en sus intenciones de aprobar la Ley Especial de Delitos Mediáticos, las reacciones internacionales continúan produciéndose. Este lunes el relator para la Libertad de Expresión de Naciones Unidas, Frank La Rue, advirtió que la eventual aprobación de un texto de semejantes características afectaría uno de los principios fundamentales de la democracia: el pluralismo.
En un comunicado de prensa enviado por la oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, el funcionario indicó que el concepto de “delito mediático” no es más que “una forma de intimidación política que puede llevar a la criminalización del disenso y de la crítica”.
La Rue continuó alertando que “ningún gobierno del mundo puede utilizar la amenaza de la aplicación de la ley penal para silenciar a los críticos o a la oposición”. Acto seguido agregó que “la transparencia implica garantizar el pleno acceso a la información, así como la expresión libre de opiniones, comentarios y críticas sin ninguna limitación”.
La fiscal general de la República venezolana, Luisa Ortega Díaz, le salió al frente a las críticas que ha recibido por haber presentado el proyecto de ley para castigar con hasta cuatro años de cárcel la difusión de aquellas informaciones que “atenten contra la paz social, la seguridad e independencia de la nación, el orden público, que generen sensación de impunidad o de inseguridad”.
Aseguró que su propuesta se ajustaba a las disposiciones de la Convención Americana de Derechos Humanos, instrumento que en su artículo 13 establece que el derecho fundamental a buscar, recibir y difundir informaciones, opiniones e ideas “no puede estar sujeto a previa censura, sino a responsabilidades ulteriores”.
