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Ver Infografia > La primera emisión registrada de Certificados Negociables de Inversión (Cenis) se hizo en junio del año 1999 y fue para cubrir las pérdidas ocasionadas por el cierre del Banco del Sur, intervenido ese año por serios problemas de manejo.
Esa deuda, cercana a los 5.8 millones de dólares, todavía se está pagando, según el informe del presidente del Banco Central cuando dio a conocer la última propuesta de reestructuración de la deuda originada por quiebras bancarias, en enero del año 2008.
Un año después, la Superintendencia intervino el Banco Intercontinental S.A. (Interbank), en agosto del 2000, y el 9 de octubre del año 2000 se dio la primera emisión de Cenis para cubrir la brecha dejada por la quiebra de este banco.
En total, en ese momento se hicieron 11 emisiones de Cenis, que totalizaron 3,316 millones de córdobas, equivalentes a 254 mil 756 dólares, según informe de auditoría de la Contraloría General de la República (CGR), con información proporcionada por el Banco Central, del informe de auditoría especial sobre los Certificados Negociables de Inversión (Cenis) emitidos en los años 2000, 2001 y 2002, analizando su cumplimiento de las normas establecidas y cualquier otro asunto relacionado con ellos. Todos estos Cenis bancarios se emitieron a favor del Banco de la Producción (Banpro).
Con la quiebra de los siguientes bancos —el Banco del Café en noviembre del 2000, el Banco Mercantil (Bamer) en marzo del 2001 y el Banco Nicaragüense de Industria y Comercio (Banic)— se hicieron emisiones para cubrir brechas que llegaron a totalizar, de acuerdo con el Banco Central de Nicaragua (BCN), 332.2 millones de dólares (4,318 millones de córdobas).
FACULTAN A RAMÍREZ
El sustento legal de esta operación de emisión de Cenis fue una primera certificación del Consejo Directivo del Banco Central de Nicaragua, CD-BCN-XXXIII-1-2000, del 7 de agosto del 2000, día de la intervención al Interbank, que daba facultades al presidente del BCN (Noel Ramírez) para que tomara “las acciones necesarias a fin de respaldar la liquidez del sistema financiero nacional y garantizar los depósitos del público en el Banco Intercontinental S.A. (Interbank)”.
El 8 de octubre de ese mismo año, después de concluir negociaciones entre la junta administradora del Banco Intercontinental y el Banpro, para la compra parcial del primero por el segundo, el BCN emitió la resolución D-BCN-XLIX-1-2000, en la que facultaba al presidente del Banco Central, Noel Ramírez, “a cubrir mediante la emisión de Certificados Negociables de Inversión (Cenis) la brecha que resultare de la adquisición de activos y asunción de pasivos de Interbank por parte del Banpro. El resultado de esta operación, fue una brecha equivalente a 152.7 millones de dólares”.
Hay que destacar que el Banpro era un banco más pequeño que el Interbank al momento del traspaso, con lo cual se convirtió en el más grande del país.
Estos certificados emitidos tendrían plazos de “dos, tres y cuatro años”, según la misma resolución, y la tasa de descuento del 11.53 por ciento correspondiente “a la tasa de descuento promedio ponderada resultante de la subasta del 31 de agosto del 2000”.
La tasa de descuento es una medida financiera que se aplica para determinar el valor actual de un pago futuro.
Toda esta emisión daba un valor facial, valor precio más los intereses, de emisión de Cenis para el caso del Interbank, de 254.7 millones de dólares, reportados por la Contraloría General de la República (CGR).
LA jUNTA LIQUIDADORA
En un informe publicado por la junta liquidadora del Banco Intercontinental S.A. se detalla que la situación del Interbank era de total iliquidez, debido a las serias anomalías que el grupo Centeno Roque-Consagro había cometido en este banco.
En carta separada, fechada el 6 de agosto del 2000, Samuel Santos, director del banco quebrado y miembro de la junta administradora, declaró que “la operatividad del banco sólo puede ser posible con una sustancial inyección de capital o bajo la protección de una entidad que garantice a los ahorrantes”.
No obstante, en la carta no da detalles de la situación real del banco y se limita a señalar que “se están tomando las acciones legales correspondientes”.
Santos agrega que además “se protestaron cheques girados por el Sr. Alvin Centeno Roque, hasta por un monto de 7 millones de dólares, que constituyen la base de una nueva acusación”. Esa acusación, por una serie de problemas técnicos, dio como resultado la libertad de los pocos procesados.
Sin embargo, el informe de los otros dos miembros de la junta administradora, fechado también el 6 de agosto de 2000, señala una serie de problemas que enfrentaba el banco al momento de la intervención.
Según esta última carta, firmada por los otros dos miembros de la junta administradora, “el banco está completamente ilíquido para enfrentar sus obligaciones y totalmente insolvente al reflejar un capital negativo de 679.9 millones de córdobas”.
Agrega que durante el período de intervención la junta hizo esfuerzos por mejorar la posición del banco, buscando posibles socios extranjeros que inyectaran capital al mismo, lo que incluyó “esquemas de capitalización con los acreedores”.
Esto no fue posible, según la carta, debido al informe del Superintendente de Bancos sobre los requisitos para esta operación, por lo que “dichos acreedores desistieron, posiblemente por no cumplir con los requisitos impuestos por usted”.
Ese mismo día, accionistas del Interbank y directivos del Banpro firmaron un acuerdo de venta, el cual tenía que reunir varios requisitos.
Todas las deudas del Grupo Centeno con el Interbank “serían separadas de los libros del Interbank, incluyendo las respectivas provisiones. El Banco Central pagaría los saldos financiados utilizando la cartera del Grupo Centeno.
En la misma carta se menciona que el Banpro asumiría las carteras A, B y C con sus respectivas reservas, mientras que los créditos D y E “serán asumidos por el Banco Central”.
El mismo acuerdo estableció que las “reservas calculadas en el proceso de evaluación será restituido al Banpro por parte del Banco Central por medio de Cenis a plazos de dos a cuatro años y con una tasa de interés igual al promedio resultante de la última subasta efectuada al momento de la restitución”.
El Banpro, que era un banco con menor capital y patrimonio que el Interbank, exigía a las autoridades del BCN una “dispensa al Banpro de cumplir con los requisitos mínimos de encaje mínimo legal, durante un período no menor a 6 meses, sobre el monto de los depósitos comprados a Interbank”.
