- Grupos de choque del presidente Ortega atacan con palos y piedras a gente de la Coordinadora Civil, mientras la Policía sólo observaba
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Con su furia característica, las turbas orteguistas reaparecieron ayer en Managua para evitar que la Coordinadora Civil (CC) clausurara su Asamblea General anual con una caminata y un acto cultural en los predios de Catedral, en que estaba prevista la participación de grupos musicales de rock y protesta y danzas folclóricas.
Como ocurre desde que el presidente Daniel Ortega asumió el poder, en enero de 2007, la Policía Nacional simplemente observó el ataque. Incluso, un agente policial gritaba a sus compañeros que no se metieran y dejaran que las turbas hicieran lo que quisieran con los “imbéciles que salen a la calle a buscar que les vuelen verga”.
El Vicario de la Catedral de Managua, padre Bismarck Conde, lamentó que en el país ya no exista la paz y preguntó a los orteguistas: “¿Por qué atacan al pueblo si se sienten tan seguros en el poder?”
El sacerdote dijo no entender por qué la fuerzas de choque progubernamentales llegaron a impedir que se realizara un acto, para el que la Iglesia había prestado sus terrenos y otorgado su permiso.
Armados de piedras y garrotes y equipados con radios de comunicación y celulares, pero sin los pasamontañas de otras ocasiones, unos cien jóvenes uniformados con camisetas de las brigadas ecológicas de la Alcaldía de Managua y de la Juventud Sandinista se plantaron en el semáforo del Hotel Hilton, carretera a Masaya, a esperar a los ciudadanos que iban al acto.
Estaba previsto que unos quinientos integrantes de la CC caminarían desde el Hilton hasta la Catedral de Managua, donde culminarían con el acto cultural las actividades de la Asamblea General anual, que inició por la mañana en las instalaciones del Instituto para el Desarrollo y la Democracia (Ipade).
POLICÍA INOPERANTE
Los asistentes a la actividad, en su mayoría campesinos, dirigentes de redes locales de diferentes municipios y representantes de comunidades indígenas ni siquiera pudieron bajar de los buses que los trasladaron desde el Ipade hacia ese punto, ya que a su llegada los esperaban con una lluvia de piedras, garrotazos e insultos.
“Las calles son nuestras, ustedes son oligarcas, son ricos y no tienen derecho a estar aquí”, gritaban los dirigentes del grupo, mientras el resto apedreaba y garroteaba a quien pasara en frente. Otros vehículos que transitaban por la vía fueron afectados, y aunque los ataques duraron más de media hora, la Policía brilló por su ausencia en ese sitio.
LA JUSTIFICACIÓN DE ORTEGA
El presidente Daniel Ortega dijo anoche en Chontales que “los jóvenes” que atacaron ayer a los miembros de la CC estaban celebrando el día de los Pueblos Indígenas y llegó “esta gente a confrontar y gritar a favor del golpe” en Honduras.
Lo único relacionado a Honduras que se observó ayer en el lugar de la agresión fue el jeep placa de Honduras PCJ 4771, en que se movilizaba hace días el depuesto presidente de Honduras Manuel Zelaya, supuestamente es de su propiedad, que llegó en apoyo de las turbas y estuvo rondando la zona hasta que concluyó la violencia.
Uno de los dirigentes de las turbas, que se identificó como Harim Sánchez, al constatar la presencia de periodistas intentó justificar la agresión asegurando que la gente de la CC les habían amenazado con “disparos de armas de fuego y con frenazos de vehículos”.
Luego, al no poder demostrar su versión, Harim Sánchez comenzó a gritarle a los periodistas: “Ustedes no oyen los disparos ni ven los frenazos porque tienen intereses, están del lado de los oligarcas liberales, de los ricos”.
Cuando le consultamos a qué se debía la presencia en ese lugar de los grupos orteguistas, dijo que estaban celebrando “una jornada por el 30 aniversario de la revolución y que seguirían en las calles porque el 22 de agosto se celebra la jornada de alfabetización”.
REFUERZOS DE LA ALCALDÍA
Después de destruir los vidrios de al menos ocho vehículos y de asegurarse que habían sembrado el terror entre sus víctimas, las turbas se retiraron de la zona del Hilton en vehículos de ministerios y de la Alcaldía de Managua, para dirigirse al predio de Catedral, donde estaban instalados varios toldos a la espera del acto cultural, que contaba con la autorización del Arzobispo de Managua, Leopoldo Brenes.
Ahí las turbas fueron reforzadas por empleados de la Alcaldía de Managua y de otras instituciones del Estado. La viceministra del Instituto de Turismo (Intur), Meyling Calero y la ex concejal Cándida Huete aparecieron para relevar a los líderes juveniles y hacerse cargo de la situación.
Después apareció una patrulla de la Policía, pero los agentes se convirtieron en “espectadores”, mientras las turbas golpeaban a varios miembros de la CC, entre ellos Irvin Larios, Luisa Molina, Adolfo Acevedo y el periodista Mario Sánchez, a quien le rompieron la nariz y le propinaron golpes en otras partes del cuerpo.
Al ver que la Policía no lo auxiliaba, Mario Sánchez corrió hacia Catedral donde logró refugiarse.
Había gente sangrando y otros tumbados en el suelo, por causa de los golpes, y el único policía que intentó ayudar a las víctimas, especialmente a Irvin Larios cuando permanecía en el suelo desvanecido por causa de un golpe que recibió en la cabeza, fue el subinspector Isaac Real.
Pero mientras Real hacía eso, un agente policial con la chapa número 2074 le gritó: “Hacete a un lado, no te metás. Hay dejalos que les vuelen verga. Eso no es problema de nosotros, sino de ellos que son unos imbéciles que salen a las calles a buscar que los vergueen”.
Al cabo de unas dos horas, la lluvia con tormenta que cayó sobre la capital fue lo único que pudo calmar la furia de las turbas orteguistas, que salieron en desbandada huyendo del agua.
El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) lamentó que una vez más la Policía Nacional se haya parcializado a favor de los represores, garantizado la impunidad a los simpatizantes del Gobierno del presidente Daniel Ortega, a quien responsabilizan de lo ocurrido y le exigen que “cese la represión contra las organizaciones de la sociedad civil”.
SACERDOTE RECLAMA
El vicario de la Catedral, padre Bismarck Conde, salió a auxiliar a los golpeados por las turbas. Lamentó que se les impidiera hacer el acto cultural, que contaba con la autorización del arzobispo Monseñor Leopoldo Brenes y condenó la falta de paz y seguridad en el país.
Aunque Nicaragua no esté en guerra, “la paz se lesiona a través de estas situaciones”, comentó el sacerdote.
Atribuyó las agresiones a los miembros del gobernante Frente Sandinista (FSLN) y recordó que todos los ciudadanos tienen derecho a expresarse. Reafirmó que en el lugar lo que se celebraría no era un acto político, sino cultural, donde actuarían artistas renombrados.
“Tristemente se da la confrontación entre los bandos, eso nos da el grado de polarización y fanatismo que existe en nuestro pueblo… Si alguien pasa toda la semana tirando morteros, que la pase, pero si otro quiere hacer un evento cultural, que lo dejen”, dijo Conde.
FSLN SIN MORAL
Luisa Molina, enlace nacional de la CC, condenó el ataque de las turbas al grupo de “ciudadanos humildes y en su mayoría sandinistas”, y preguntó con qué moral los sandinistas condenan el golpe de Estado y la represión de los golpistas en Honduras, si ellos están haciendo lo mimo en el país.
“En Nicaragua ya no se respetan los derechos humanos ni la Constitución, y una vez más se demuestra la intolerancia y la violencia institucionalizada de parte del Gobierno”, dijo Molina.
La CC buscará el apoyo del Centro Nicaragüense de los Derechos Humanos (Cenidh) y del representante de las Naciones Unidas, Alfredo Missair, uno de los invitados al evento cultural, para que constate las violaciones a los derechos humanos. Además interpondrá la denuncia por la agresión y el daño a los vehículos.
En cuanto a la pasividad de los agentes, Molina dijo que comprenden que reciben orientaciones y que mientras mande Daniel Ortega ellos sólo cuidarán a la “oligarquía institucionalizada y dejarán que el pueblo se mate entre sí”. Añadió que no condena la actitud de los jóvenes, sino la política de violencia institucionalizada que está imponiendo el Gobierno.
