- Dice que levantó rebeldía en base a la Ley
CORRESPONSAL/ GRANADA
La juez Primero Local Penal de Granada, María Fabiola Betancourt Benavente, aclaró que fue levantada la orden de captura contra la religiosa Flor de María Vílchez, tras presentarse voluntariamente al juzgado para ser escuchada en base a ley y no por favoritismo.
El proceso que se lleva contra la religiosa es por el delito de lesiones imprudentes en perjuicio de Alicia Carolina Navarrete Carrillo, quien fue impactada (cuando circulaba en su auto) por una camioneta que conducía la religiosa, en el sector del Hospital Amistad Japón Nicaragua, el 18 de mayo.
La judicial demostró con la hoja de visitas de abogados que la monja se presentó al recinto judicial a las 12:38 p.m. del 17 de julio en compañía de su defensor, el abogado César Picado.
Esto ocurrió luego de publicarse que había orden de captura para ella tras no haber comparecido a la audiencia del 13 de julio sin explicaciones.
PETICIÓN VERBAL
La judicial explicó que cuando llegó la monjita a su despacho ella estaba realizando otras audiencias programadas y le dijo que si esperaban los atendía, por lo que se realizó la audiencia pública a la 1:30 p.m.
“Ella vino con su defensa y me explica que no quiere ser capturada, que en ningún momento está oponiéndose al proceso y solicita de forma verbal que le levante la rebeldía y esto se hizo en base al artículo 95 del Código Procesal Penal”, señaló Betancourt.
Refirió que se garantizó los derechos de la víctima con la presencia de la fiscal Mireya Castillo y ésta no se opuso a que se levantara el procedimiento de rebeldía.
“Se hizo una audiencia de garantías constitucionales para la imputada, no se estaba discutiendo el fondo del asunto”, indicó.
La juez dijo que se notificó a la víctima para la audiencia del 3 de agosto a las 11:00 a.m. que será inicial con fines de preliminar, para analizar si la acusación reúne los requisitos de ley y si hay sustento probatorio para remitir la causa a juicio.
DEFENSA FALLÓ
La señora juez explicó que dejó contemplado en acta, por garantía de transparencia, que el abogado César Picado dio una dirección incorrecta para notificaciones, sin embargo quiso usar ese argumento para justificar la no comparecencia de su cliente.
Cabe decir que tanto la víctima como sus asesores estimaron que Picado cambió las direcciones para evitar que se girara la orden de captura de su cliente.
“Yo había hablado con el notificador de este juzgado, Carlos Mendoza, y me explicaba que la justificación que da la defensa no es tan cierta y esto quedó plasmado en el acta de que la oficina donde se entregó la notificación era equivocada, pero ésa fue la dirección que dio el abogado Picado”, sostuvo la juez.
