- Como una forma de contribuir con la memoria histórica de los nicaragüenses sobre uno de los escándalos financieros más grandes de la historia del país, LA PRENSA presentará durante los siguientes cuatro lunes, con suficiente documentación oficial, una relación de hechos sobre cómo quebraron cuatro bancos del Sistema Financiero Nacional que obligó al país a cubrir los depósitos de los ahorrantes con millones de dólares que pudieron y podrían utilizarse en obras sociales. Empezamos con el Banco del Café.
[/doap_box]
Una mañana de comienzos de marzo del año 2000 el presidente de la Junta Directiva del Banco del Café (Bancafé), Francisco Mayorga, convocó a una conferencia de prensa para anunciar, y presentar también, el nombramiento del nuevo gerente general de este banco, Carlos Matus, quien sustituiría a José Arias García, como una forma de darle mayor fortaleza a la gestión de dicha institución.
Nadie pensaba en ese momento que ocho meses después la Superintendencia de Bancos (SIB) ordenaría su intervención el 17 de noviembre de ese año, y su posterior liquidación.
El ambiente era tranquilo y parecía disipar una serie de rumores sobre la verdadera situación financiera del banco. Pero a esas alturas ya era difícil, aún cuando negaba insistentemente que el nombramiento de Matus hubiera sido impuesto por la Superintendencia de Bancos como una forma de enderezar el timón de la institución financieras en serios problemas desde 1999 cuando la SIB mediante una serie de resoluciones daba la alerta sobre la situación del mismo.
Su vertiginoso crecimiento fue también su propia perdición. “Desde hacía varios años, el Banco del Café, venía siendo causa de preocupación de la Superintendencia de Bancos por su rápido crecimiento y por los riesgos que asumía en su cartera y en la expansión de su red de sucursales”, señala la SIB en su informe de Gestión del año 2000.
En octubre de 1995 el Banco del Café inició sus operaciones y se caracterizó por su agresividad en el mercado, ofreciendo atractivas tasas de interés para depósitos e impulsando una rápida expansión de sucursales. En 1995 tenía una sucursal, al año siguiente adquirió 8, en 1997 fueron 26; en el 98, siete más y en 1999, seis, para totalizar 48 sucursales a nivel nacional.
Esto como resultado de la adquisición de las sucursales del estatal Banco Nacional de Desarrollo (Banades), adquiriendo además otros activos y pasivos entre 1997 y 1999.
Aparentemente, todo iba viento en popa. Sin embargo entre diciembre de 1999 y enero de 2000 la Superintendencia de Bancos realizó una inspección en la que determinó que la situación del Bancafé no era como se pensaba. Se encontraron serios problemas tales como “concentración de créditos, préstamos a partes relacionadas, deterioro de la cartera y acuerdos con sociedades administradoras de carteras de microempresas pertenecientes a socios y directores del mismo banco y que eran lesivas a sus intereses”, señala el informe de la SIB sobre la liquidación del Bancafé.
Una aseveración que destaca la SIB en diferentes informes, tanto al Banco Central de Nicaragua, como a la Procuraduría General de la República y a la misma Policía Nacional.
FINANZAS HACEN AGUA
El 31 de enero de 2000, la SIB realizó una inspección a este banco y concluyó que era necesaria una provisión por 100.7 millones de córdobas y la presentación de un plan de normalización del banco. Efectivamente la directiva del banco presentó su plan de normalización que incluía “el reclutamiento de un nuevo gerente general, un nuevo gerente del Programa de Microempresas, un programa de capacitación del personal, una nueva área de organización, nuevas políticas y procedimientos crediticios y de recuperaciones” entre otros puntos.
Al mismo tiempo el banco presentó propuestas de nuevas políticas institucionales que incluían dos escenarios para “un plan financiero” y la reestructuración organizacional del banco.
La propuesta del Bancafé no fue aceptada por la SIB y en su lugar presentó un Plan de Normalización “dictado de oficio, mediante la Resolución SIB-OIF-VIII-24-2000”, fechada el 3 de marzo de 2000.
El plan no andaba con medias tintas y planteaba ratificar y fortalecer los términos del régimen de supervisión especial, medidas adicionales de reestructuración y fortalecimiento organizacional, incluyendo la sustitución del auditor interno, así como insistía en mejorar la cartera de préstamos. Este plan era de obligatorio cumplimiento y tendría una vigencia de 90 días. De esta forma iniciaba un proceso de “intervención indirecta” del banco. Algo que no fue reconocido oficialmente sino hasta que se inició el proceso de liquidación en noviembre de ese mismo año.
Se cambió al gerente general, al gerente de crédito, al vicegerente administrativo. Al mismo tiempo se nombró a un gerente de recuperaciones, un jefe de cumplimiento crediticio, un gerente de mercadeo, y un gerente de servicios bancarios.
Durante los meses siguientes la SIB y el banco impulsaron medidas tendientes a capitalizar el banco, las cuales no tuvieron el éxito esperado.
MAYORGA: “SITUACIÓN DE ILIQUIDEZ MUY GRAVE”
De esta forma al llegar el cierre del banco y según lo reconoce el presidente de mismo, Francisco Mayorga, en un escrito enviado a la juez Cuarto de Distrito del Ramo de lo Civil y Mercantil del Departamento de Managua, del 28 de noviembre del 2000, en la que le solicita liquidación forzosa y fortuita del Bancafé, que “la situación de iliquidez ya se había vuelto muy grave”.
Problemas que se originaron, según la SIB, debido a “procedimientos sui géneris para el otorgamiento de nuevos créditos a partir de diciembre de 1999 al margen de las Normas Prudenciales”.
También la SIB señala que en el Bancafé existía una auditoría interna “que no funcionaba para las finalidades que fue creada, la cual en vez de controlar, más bien dejaba hacer y dejaba pasar operaciones anómalas sin importarle las consecuencias para el banco”.
Adicionalmente el informe de la SIB destaca que también incidió en esta situación la posición del gerente general y el vicegerente general “totalmente complacientes con lo que dictaba el presidente de la Junta Directiva, según se desprende de los informes de cartera”.
Hechos que el Superintendente de Bancos, Noel Sacasa, destaca en la carta que le envió al Procurador de la República, Julio Centeno Gómez, SB-DL-831-11-00/NSC, y que tiene que ver con “desembolsos de una sola vez a proyectos urbanísticos sin seguir plan de inversión, no realizan inspecciones de obras de proyectos urbanísticos, otorgamiento de créditos significativos a empresas de reciente formación y capital social mínimo, tratamiento ágil y preferencial en la tramitación de los créditos y desembolsos”.
CRÉDITOS RELACIONADOS
Al finalizar la primera evaluación el banco, la SIB informó de gran cantidad de préstamos relacionados, los cuales ascendían a 13.28 millones de dólares, equivalentes a 172 millones 610 mil córdobas al cambio oficial de ese momento. El capital del Bancafé, auditado a diciembre de 1999, era de 120 millones 100 mil córdobas, lo que significa que los préstamos relacionados representaban el 144 por ciento del capital.
En el grupo de clientes de créditos relacionados, según la SIB, había 10 empresas inmobiliarias “que eran sociedades anónimas relacionadas con directores del Bancafé”.
La Ley de Bancos y Otras Instituciones Financieras de 1999 (Ley 314) establecía que “el total de los créditos concedidos por un banco a todas sus partes relacionadas no podrá exceder, en su conjunto, de un 60 por ciento de la base de cálculo del capital”.
Si bien algunos de estos créditos fueron otorgados anteriores a la fecha de aprobación de la nueva Ley de Bancos, la Superintendencia giró instrucciones al Banco del Café para corregir la situación.
Al justificar la crítica situación del banco ocasionada por créditos relacionados con el presidente del banco, en un recurso de amparo contra la intervención de la Superintendencia de Bancos, argumentó en enero del 2001 que todos estos créditos se otorgaron bajo el amparo de la Ley de Bancos de 1963 que no establecía límites para los créditos relacionados. La nueva Ley de 1999 significó un fuerte golpe al banco, “la combinación de nuevas leyes con las nuevas normas prudenciales significó golpes muy fuertes sobre el Banco del Café: pedir más capital a los accionistas mientras la cartera parecía más débil y la rentabilidad no permitía siquiera pensar en ofrecer dividendos” (Francisco Mayorga, recurso de apelación del 8 de enero de 2001).
En este sentido el Superintendente de Bancos, Noel Sacasa, comunicó al Procurador de la República que dada la falta de información no se tenía una idea clara de los créditos relacionados, al punto que muchos no estaban reportados ante la SIB.
“Con esto el banco incurrió en violación de los artículos 9 y 10 de la Norma Prudencial referente a préstamos a partes relacionadas, en lo que respecta al informe a remitir a la SIB sobre este tipo de créditos”.
En esta misma carta y de acuerdo con las auditorías realizadas por la SIB, Sacasa informa al Procurador que muchos de estos créditos incluso eran para empresas que “presentaron estados financieros muy simples, sin anexos y en algunas ocasiones el formato de presentación era similar en varios casos y en otros casos estos Estados Financieros fueron presentados después de la aprobación del crédito”.
Entre las empresas que mencionó en esa ocasión el Superintendente de Bancos están: Inversiones Macedonia, Inmobiliarias del Basora, Ingeniería de Construcción e Industrias de Avanzada.
Y como botón de muestra, a Inversiones Babilonia, según acta del banco en los anexos de la SIB, se les desembolsó 1,010,300 dólares, para la compra de terrenos y urbanización, para pagarse en un plazo de 24 meses y una tasa de interés del 17 por ciento. El capital social de esta empresa era de 50 mil córdobas.
De la misma forma muchas empresas cuyo capital social era de 600 mil córdobas, recibían 600 mil dólares en créditos según documentos de la SIB. Todos los créditos eran aprobados por la Junta Directiva del Banco del Café.
CRÉDITOS A LOS CENTENO ROQUE MÁS DEL ciento POR CIENTO DEL CAPITAL
En enero del 2000, la Superintendencia de Bancos determinó, mediante auditoría practicada al Banco del Café, que también tenía una fuerte concentración de créditos a “una misma unidad de interés, el Grupo Centeno Roque/Conagra”, el cual absorbía una suma de créditos que ascendía a 12,025,400 dólares, que representaba el 112 por ciento de la base de cálculo del banco al 30 de junio de 2000, lo cual excedía en 82 por ciento lo establecido como límite para unidades de interés. La ley permitía hasta el 30 por ciento. Esto tuvo serias repercusiones en la situación del banco ya que el Grupo Centeno Roque entró en problemas económicos que terminaron en su quiebra..
En la reunión ordinaria de la Junta Directiva del Banco del Café, el 14 de abril de 2000 se discutió la situación financiera de la entidad. Según el Acta JD-Bancafé-93-2000, “la Junta Directiva conoció y encontró a su satisfacción el amplio informe presentado por la Gerencia General acerca de su situación del encaje legal del banco al 31 de marzo/2000, en el cual se explica que está incidiendo en el desencaje legal actual el sobregiro inconsulto de US$2.5 millones que ocasionaron en el mes de febrero/00 cinco empresas del Grupo Conagra. La gerencia general (del Bancafé) informó que habían abonado la suma de US$540 mil”.
Problema que en mayo también continúa igual según el acta JD-Bancafé-94-2000, en la que además se menciona un crédito a las empresas Nicapalma S.A. e Industrias Avanzadas, cuyas deudas ascendían a más de un millón de dólares y según la misma acta “la gerencia general (del Bancafé) informó que éstos son créditos muy difíciles de recuperar y que el banco tendrá una importante pérdida por los mismos”.
CRÉDITOS “RESPALDADOS” POR CASCARILLA DE ARROZ
El momento de la liquidación forzosa del Bancafé, la concentración de créditos en el Grupo Centeno Roque/ Conagra era de 1,643,000 dólares.
Este grupo de empresa vinculada con los hermanos Centeno Roque habían endosado a favor del Bancafé bonos de prendas emitidos por una empresa llamada Servicios Navieros y Marítimos S.A. (Semar) como garantía de sus adeudos, los que según informe de la SIB respaldaban 33,435 quintales de café oro de exportación, valorados en 2.5 millones de dólares.
Bancafé contrató en agosto del 2000 un perito valuador para realizar una inspección y supervisión de prenda de café almacenadas en unas bodegas ubicadas en Matagalpa. Pero los hallazgos fueron sorprendentes, “en la inspección se determinó que el inventario dado en garantía al Bancafé, era de mala calidad, no exportable y en su mayoría era “CASCARILLA DE ARROZ, en vez de café oro de exportación”, describe la SIB en su informe conclusivo sobre el Bancafé.
Esto constituyó un duro golpe ya que los Bonos de Prenda emitidos por Semar, eran supuestamente respaldados por 33,435 quintales de café oro, con un valor de 2.5 millones de dólares. Pero el inventario encontrado fue de 6,186 quintales de café imperfecto, con un valor de 98 mil 700 dólares.
A este rosario de problemas se les suman carteras como la del programa Mitch, para atender a ganaderos afectados por el huracán Mitch; el programa de Microempresas; préstamos para buses; tarjetas de crédito manejadas por la empresa Bancard, S.A., cuyos directores y principales socios eran también los directivos del Banco del Café. Al ser liquidado, las deudas por tarjetas de crédito sumaban 162 millones de córdobas.
LIQUIDACIÓN INEVITABLE
A estas alturas la situación del banco era insostenible y en una nueva evaluación de la Superintendencia en junio del 2000, se determinó que el banco no mejoraba sustancialmente y se orientó nuevas provisiones, esta vez de 120 millones 182 mil córdobas. En los meses siguientes se orientó nuevas provisiones, sin embargo el banco mantenía altos niveles de iliquidez.
De esta forma el 7 de noviembre del 2000, la Superintendencia de Bancos, después de una nueva revisión a la situación financiera del banco, ordenó una nueva constitución de provisiones por un total de 20.5 millones de córdobas (resolución SIB-OIF-VIII-123-2000).
Finalmente el 17 de noviembre la SIB, “después de hacer la consulta de Ley al Consejo Directivo de la Superintendencia y obtener una opinión unánime favorable, el Superintendente de Bancos no tuvo más opción que proceder a solicitar a la autoridad judicial la declaración del estado de liquidación forzosa del Banco del Café”.
El presidente del Banco Central en escrito a la Juez Cuarto del Distrito del Ramo de lo Civil y Mercantil del departamento de Managua indica que se declarara la quiebra forzosa pero “fortuita”.
Al momento del cierre, según el informe de la SIB, el banco tenía provisiones pendientes de contabilizar por 295.3 millones de córdobas. Tenía un patrimonio negativo (exceso de pasivos sobre activos) de -154.8 millones de córdobas, lo que daba una adecuación de capital negativa de -13.23.
Por otro lado el Banco del Café reflejaba al 9 de noviembre del 2000 un acumulado de 4 semanas con desencaje de moneda nacional y extranjera. Su relación de disponibilidades totales a depósitos totales había caído, de un promedio de 19 por ciento, entre diciembre de 1999 y julio del 2000, a 6.8 por ciento al 15 de noviembre, señala el informe de la SIB al cierre de año del 2000.
“Dadas las circunstancias de capital contable negativo, pero especialmente dada la iliquidez en que está sumergido el banco, resultó imposible que Bancafé se recuperase sin una operación de salvataje con la cooperación del Gobierno”, reconoció en su escrito a la juez, el propio presidente del Bancafé, Francisco Mayorga.
Es así que la SIB resumió las causas para la liquidación forzosa del Bancafé “la insolvencia manifiesta, la iliquidez grave e insuperable (aceptada por el propio presidente del banco), imposibilidad de recuperación en condiciones de mercado mediante adquisición o fusión con otra entidad bancaria”.
Posterior a la intervención y cuando se valoró la magnitud de la situación se abrieron procesos contra los principales responsables. Todos están libres actualmente.
