- “Aquí también hubo golpe”, dice Montealegre
Dirigentes políticos del país criticaron la poca beligerancia demostrada por la Organización de Estados Americanos (OEA) con el golpe institucional que afectó a Nicaragua, producto del fraude durante las elecciones municipales efectuadas el año pasado.
A juicio de Eduardo Montealegre, así como el Consejo Permanente de la OEA intervino de manera inmediata ante la crisis política en Honduras, generada por el golpe de Estado contra el presidente Manuel Zelaya Rosales, ésta también debió pronunciarse por el “golpe de Estado” a la voluntad popular de la ciudadanía nicaragüense, al no respetarse el voto depositado en las urnas.
“Los golpes de Estado no se dan solamente removiendo a un presidente, los golpes de Estado también se dan cuando se irrespeta la Constitución y se irrespeta la voluntad popular expresada en el voto, aquí también hubo un golpe de Estado, cuando se cometió el mayor fraude masivo”, manifestó Montealegre.
Añadió: “Yo quisiera ver al Secretario (José Miguel) Insulza, que está buscando cómo se respete la institucionalidad en Honduras y que lo están llamando, que también venga a Nicaragua a ver cómo se hace para que se respete la voluntad popular del pueblo nicaragüense”.
El ex presidente Arnoldo Alemán, además de lamentar lo ocurrido a un presidente de ideología liberal, señaló que debe tomarse la crisis en Honduras como una especie de “ojo avizor en Nicaragua”.
“Para que no se repitan lo que algunos con pretensiones populistas quisieron hacer, pero aquí, sobre todo, la democracia tiene que perdurar en toda Centroamérica”, observó Alemán.
Tanto Montealegre como Alemán coincidieron en que los golpes de Estado no son la salida a ninguna crisis, pero no quisieron pronunciarse sobre la actual situación, ya que consideran que es un asunto interno de Honduras.
EL ARTÍCULO QUE “CONDENÓ” A ZELAYA
El ex canciller Francisco Aguirre Sacasa se limitó a leer el artículo 239 de la Constitución hondureña, origen de la ilegalidad con la que actuaba el presidente Zelaya.
“El ciudadano que haya desempeñado la titularidad del Poder Ejecutivo no podrá ser reelecto presidente o designado, el que quebrante esta disposición o proponga su reforma, así como aquellos que lo apoyan directa o indirectamente, cesarán de inmediato en el desempeño de sus respectivos cargos y quedarán inhabilitados por diez años para el ejercicio de toda función pública”, leyó Aguirre. Dijo que esto tenía relación con la actitud de todos los presidentes del Alba, incluido Daniel Ortega, que tienen ambiciones reeleccionistas, que es el origen del problema en Honduras.
