- Recursos destinados a combatir la pobreza han bajado al 13 por ciento del PIB este año, frente al 13.4 por ciento del 2008
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El Gobierno del presidente Daniel Ortega ha dejado caer el gasto en pobreza al 13 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), pese a que su administración ha recibido en los últimos dos años un total de 642 millones de dólares (12,840 millones de córdobas) de la cooperación de Venezuela, manejada al margen del Presupuesto General de la República.
El director ejecutivo de la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides) y ex presidente del Banco Central de Nicaragua (BCN), Mario Arana, confirmó que los fondos que el Gobierno está destinando al gasto en pobreza, reflejados en el presupuesto actualmente vigente, ascienden a 17,881 millones de córdobas, cifra que equivale al 13 por ciento del PIB.
En contraste, el año pasado el gasto en pobreza representó el 13.4 por ciento del PIB, es decir 16,568 millones de córdobas.
“El plan de mediano plazo que se formuló a inicios de esta administración era que este año el gasto en pobreza debería andar en torno al 15 por ciento del PIB, pero en el presupuesto actual en realidad equivale al 13 por ciento”, destacó el también ex ministro de Hacienda y Crédito Público.
DEBERÍA CRECER
“La idea que está en el PEF (Programa Económico y Financiero) del Gobierno es que no se reduzca el gasto en pobreza, sino que aumente, aunque sea de manera marginal dadas las circunstancias de crisis”, respondió el representante del Fondo Monetario Internacional (FMI) en Nicaragua, Humberto Arbulú, al ser consultado el martes.
Arana valoró que, efectivamente, ante la actual crisis económica mundial “las cosas han cambiado y eso nos obliga a replantearnos todo”.
Pero acto seguido declaró que “lo que no deseamos y no quisiéramos ver es que el gasto en pobreza tenga esa tendencia hacia la reducción, cuando debe ser todo lo contrario, es decir debería de continuar aumentando como proporción del PIB”.
COMPROMISOS EN PAPEL
El gasto en pobreza es uno de los principales elementos que deben contribuir a reducir la pobreza y la pobreza extrema.
La administración de Ortega se ha comprometido no sólo económicamente, sino también políticamente a apoyar a estos sectores vulnerables. Sin embargo, esto sólo ha quedado reflejado como tal, es decir como promesas.
En el PEF, que el Gobierno asumió en el 2007 en el marco del programa económico con el FMI, dejó claro que su prioridad sería “recaudar recursos adicionales al gasto para reducir la pobreza”.
Para ello estableció algunas acciones, entre las que sobresalen una reforma tributaria, una reestructuración del Estado, refinanciamiento de la deuda interna y gestión de recursos externos.
Estos financiamientos adicionales, según planteó el Gobierno en el PEF, “serán incorporados vía modificación presupuestaria, por lo que las metas de gasto en pobreza y déficit presupuestario serán ajustadas en los montos respectivos de los recursos adicionales”.
Sin embargo, el Gobierno hasta ahora sólo ha podido empujar parcialmente el refinanciamiento de la deuda interna, lo cual se llevó a cabo el año pasado cuando completó la renegociación de los Bonos Bancarios (llamados anteriormente Cenis Bancarios) con los bancos de la Producción (Banpro) y de Crédito Centroamericano (Bancentro).
El cumplimiento de otras de las metas, como la gestión de recursos externos, se ha visto deteriorada por el congelamiento del desembolso de recursos, entre ellos de apoyo presupuestario, tras el fraude electoral municipal de noviembre pasado.
Entretanto, el Ejecutivo ha adelantado que alista una reforma fiscal que afectaría las exoneraciones no productivas, en el ámbito de los compromisos que debe cumplir antes de la llegada de una misión del FMI a inicios de julio.
El sector privado le ha recordado al presidente Ortega que, en mayo pasado, públicamente se comprometió a no ejecutar reforma tributaria alguna este año, sino empezar a discutir el tema hasta en octubre pasado.
“Creo que podemos pensar que, de aquí a octubre, no debe haber movimientos en ese sentido (la aprobación de una reforma tributaria)”, aseguró el vicepresidente de la República, Jaime Morales Carazo.
GOLPE MAYOR
Funides advirtió en su más reciente Informe de Coyuntura Económica, presentado el martes en Managua, que entre 30 mil y 190 mil personas podrían perder su trabajo durante los próximos tres años en Nicaragua. La situación se podría agravar aún más si el Gobierno no toma acciones concretas que contribuyan a mejorar el deteriorado clima para los negocios, como el respeto a las leyes y la institucionalidad.
La pérdidas de puestos de trabajo incidirá en el aumento de la pobreza, que ascendía al 48.3 por ciento de la población según los datos oficiales más recientes, del 2005. Entretanto, la pobreza extrema era de 17.2 por ciento.
