- Organizaciones periodísticas denuncian asfixia legal y publicitaria del Gobierno de Chávez
[/doap_box]
Gremios periodísticos venezolanos convocaron ayer a una marcha para el próximo sábado contra la ley que faculta al Gobierno a suspender transmisiones televisivas, sin que para ello tenga que esperar alguna sentencia judicial en firme.
El Colegio Nacional de Periodistas (CNP) y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) llamaron a la ciudadanía y a organizaciones políticas a participar en la marcha para no limitarla a “una manifestación de periodistas para periodistas”, dijo el presidente de la primera instancia, William Echeverría.
La marcha por calles del centro de Caracas se efectuará el Día del Periodista y también rechazará la “estrategia del Gobierno” del presidente Hugo Chávez de “asfixiar a medios independientes”, subrayó Echeverría.
Esa asfixia se concreta “con procedimientos legales y usando la pauta publicitaria como recompensa o castigo, lo que desencadena la autocensura”, añadió el presidente del CNP, quien dirige un programa de entrevistas en el canal privado caraqueño Globovisión.
CERCO A TELEVISORAS
El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) desestimó el martes pasado un recurso de nulidad presentado por Globovisión y otras emisoras privadas de televisión contra la Ley de Telecomunicaciones.
“El Ejecutivo podrá, cuando lo juzgue conveniente a los intereses de la Nación, o cuando así lo exigiere el orden público o la seguridad, suspender la transmisión” de emisoras de televisión, reza un artículo de dicha ley que los canales pidieron que fuese anulado, lo que no fue acogido en la sentencia.
La actuación del TSJ supone el “aval jurídico” de la censura previa, sostuvieron las emisoras.
La consultora jurídica de Globovisión, Ana Núñez, dijo que la sentencia “tenía 6 años de espera” y que con ella el TSJ “convalida la actuación del Conatel (el estatal Consejo Nacional de Telecomunicaciones), permitiendo que Globovisión sea juzgada penalmente”.
Esto, a su vez, “llevaría a la revocación de la concesión” de la frecuencia que utiliza el canal privado, agregó Núñez.
La sentencia aclara que las personas jurídicas y no solamente las personas naturales deben responder penalmente, con lo cual, añadió Núñez, “se viene a cerrar el círculo que se requería para que proceda el exhorto del presidente Chávez para cerrar a Globovisión”.
Núñez también destacó que la sentencia aprobada por una mayoría de los jueces del TSJ registró el voto negativo de Pedro Rondón, juez que alegó que el Ejecutivo debería esperar “una sentencia definitivamente firme”, la cual además puede ser apelada, antes de proceder a la suspensión de cualquier transmisión televisiva.
TERRORISMO FISCAL
Los directivos de Globovisión sostienen que la cadena privada de señal abierta es “víctima de terrorismo tributario y judicial” debido a su línea crítica hacia el Gobierno, que a su vez la acusa de “terrorismo mediático”.
El último de cuatro expedientes abiertos en los últimos seis meses contra Globovisión se basa en el artículo 171 de la Ley de Telecomunicaciones.
Dicho artículo dice que “sin perjuicio de las multas que corresponda aplicar”, la emisora “que utilice o permita el uso de los servicios de telecomunicaciones como medio para coadyuvar a la comisión de delitos será sancionada con la revocatoria” del permiso.
Conatel recordó, entre otros hechos que considera delitos penales, que el periodista Rafael Poleo, director del diario opositor caraqueño El Nuevo País, dijo en una entrevista en Globovisión el año pasado que auguraba a Chávez la misma muerte del dictador italiano Benito Mussolini, quien fue colgado.
