- Gobierno se niega a aceptar observación electoral nacional e internacional y depuración del padrón, temas que habrían pedido los europeos
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El Gobierno de Daniel Ortega no aceptará las peticiones de establecer la obligatoriedad de la observación electoral nacional e internacional ni la depuración del padrón, tal como lo habrían pedido los países europeos que integran el Grupo de Apoyo Presupuestario (GAP) como requisito mínimo para descongelar la cooperación a Nicaragua, según reconoció la diputada del Frente Sandinista y segunda secretaria de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional, Alba Palacios.
LA PRENSA publicó el martes que fuentes ligadas al Cuerpo Diplomático revelaron que los países europeos del GAP habrían pedido esto al país para otorgar en septiembre un primer desembolso de 15 millones de dólares, de los 55 millones congelados, tras los reclamos por las fraudulentas elecciones municipales de noviembre pasado.
Las condiciones fueron admitidas ayer por Palacios, quien a la consulta de LA PRENSA respondió que ya dijeron a los europeos que permitirían a observadores de éstos, pero tienen “inconvenientes” con observadores nacionales, como Ética y Transparencia (EyT), a los que acusó de ser militantes (partidarios) disfrazados, y otras reservas con internacionales como la Organización de Estados Americanos (OEA).
Palacios prefirió no comentar si con esta posición esperan que los europeos continúen su cooperación, pero dijo: “Nosotros vamos a respetar (lo que ellos decidan), como esperamos que ellos respeten las nuestras”.
Los diplomáticos europeos sólo han dicho que en Europa analizan el tema y que mantienen el diálogo con el Gobierno.
Escuetamente, el director residente de la Cooperación Suiza para el Desarrollo (Cosude), Peter Bischof, y el delegado de la Comisión Europea para Centroamérica, Mendel Goldstein, han dicho que esperan avances en la gobernabilidad y el tema electoral del país, pero que la decisión debe ser tomada por los actores nacionales.
MIEDO A LA OBSERVACIÓN
En las pasadas elecciones municipales, el Consejo Supremo Electoral (CSE) no extendió la acreditación a los observadores electorales nacionales que tradicionalmente participan como tales en el proceso, aduciendo que éstos —específicamente el Grupo Cívico Ética y Transparencia (EyT) y el Instituto para la Democracia y el Desarrollo (Ipade)— tenían vínculos partidarios, tal como antes lo había acusado el presidente Ortega.
Para ese proceso tampoco se invitó a los observadores internacionales como la Organización de Estados Americanos (OEA), el Centro Carter y la Unión Europea (UE).
Los únicos acreditados fueron observadores nacionales del Consejo Nacional de Universidades (CNU) y de un grupo internacional llamado Consejo de Expertos Electorales de Latinoamérica (Ceela), que, a pesar de su criticada vinculación al presidente venezolano Hugo Chávez, fue destacado como imparcial e independiente por Ortega y el magistrado presidente del CSE, Roberto Rivas.
Palacios reveló que el Gobierno ya respondió a los europeos que “en relación a los observadores de la Unión Europea se les dijo que no hay ningún problema, que participen”.
Sin embargo, agregó que también les mencionaron que “en el tema de los observadores nacionales la única inconveniencia es que hay observadores nacionales disfrazados, que son activistas de partidos políticos”.
Según Palacios, “siempre y cuando no sean activistas políticos”, el Gobierno no tendría problemas en aceptar la observación nacional y respondió que en cuanto a la OEA “igual, mientras no vengan a hacer activismo político”.
Acto seguido, la diputada criticó específicamente a Ética y Transparencia, acusando a sus ejecutivos de ser “militantes de partidos políticos disfrazados de observadores”.
“Eso no se puede permitir porque un observador debe ser neutral, para eso los partidos tienen sus fiscales”, reclamó.
Sin embargo, el director ejecutivo de Ética y Transparencia, Roberto Courtney, respondió que las acusaciones de la diputada oficialista son “antojadizas”.
“Tratan de desmentir lo obvio, lo evidente”, dijo Courtney, tras recordar que desde su fundación en 1996 EyT ha observado nueve procesos electorales en Nicaragua y ha acompañado otros como observadores internacionales en más de 25 países del mundo.
Además, mencionó como prueba de la imparcialidad del organismo que en las elecciones presidenciales del 2006, que regresaron a Ortega al poder, “con su conteo rápido EyT protegió el triunfo escaso y estrecho de Daniel Ortega y el FSLN, aún con el ocho por ciento de los resultados electorales pendientes, que todavía lo están”. Y agregó que igual han ratificado los triunfos “bien ganados” en Venezuela, Bolivia y Ecuador, que son países de izquierda, como muestra de que tampoco tienen vínculos con partidos de derecha.
A finales de febrero EyT publicó su informe final sobre las elecciones municipales en las que dijo hubo claras “maniobras fraudulentas” en al menos cuarenta municipios del país, incluyendo la capital.
“Nosotros no cuestionamos las casi 70 alcaldías que bien ganó el FSLN, pero sí el de otros cuarenta en el que el fraude fue tan burdo que la cantidad de votantes eran más que los inscritos en el padrón”, ejemplificó.
Otra de las peticiones de los integrantes europeos del GAP sería la depuración del padrón electoral, según mencionó la misma diputada.
Según el Consejo Supremo Electoral (CSE), el padrón electoral cuenta con 3 millones 863 mil 837 votantes. Sin embargo, se calcula que hay un porcentaje de “inflación” con personas muertas que no han sido retiradas del padrón y, aunque según Courtney esta cifra no sería significativa, “sí es peligrosa con autoridades partidarizadas como las que ahora integran el tribunal electoral”.
De cualquier manera, Palacios dijo que “necesitamos los recursos para hacer esa depuración necesaria” y agregó que esperan que los mismos europeos “apoyen para que avancemos en esa dirección”.
