- Presidente salvadoreño dice que halló casos escandalosos de despilfarro y sueldos fantasmas de personas ligadas a la ex gobernante Arena
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El Presidente de El Salvador, Mauricio Funes, anunció ayer la creación de una comisión que investigará “las irregularidades” supuestamente cometidas por el anterior gobierno derechista, al tiempo que puso en marcha un riguroso plan de austeridad.
“He decidido crear una comisión presidencial para la investigación de todas estas irregularidades. Esta comisión estará integrada por peritos, abogados, auditores, que documentarán todos estos casos y después de su trabajo recomendarán las medidas pertinentes a adoptar”, declaró Funes durante una rueda de prensa en la casa de gobierno.
La comisión será coordinada por el ministro de Hacienda, Carlos Cáceres, e investigará la existencia de un número todavía no precisado de funcionarios “fantasmas”, es decir, que perciben salarios, pero no trabajan; el uso de vehículos del Estado para fines particulares; el consumo irregular de combustible en el sector público, y otras actividades ilícitas.
29 FANTASMAS
Como uno de los casos más “escandalosos” del “despilfarro” de recursos, Funes mencionó que en el Centro Nacional de Registros (CNR) operaban al menos 29 funcionarios fantasmas que serían personas supuestamente vinculadas a la ex gobernante Alianza Republicana Nacionalista (Arena).
FIESTA MILLONARIA
Otro de los casos que mencionó es el de la Secretaría Nacional de la Familia, que gastó en una fiesta navideña casi 500,000 dólares (unos 10 millones de córdobas).
“Este nuevo gobierno ha tomado la decisión de adoptar una política especial de austeridad presupuestaria de los recursos del ejercicio fiscal 2009”, dijo el mandatario izquierdista, quien asumió el poder el 1 de junio.
Con tal fin, Funes firmará un decreto que permita “generar ahorro”.
Entre las medidas de ahorro mencionó realizar compras conjuntas en las instituciones del Estado; promover el reciclaje, limitar los gastos de representación, controlar el gasto de combustible y limitar el uso de los vehículos oficiales, entre otras.
Durante el presente año, se suspenderá la compra de vehículos y se reducirán los gastos publicitarios.
Citó, entre otras disposiciones, que suprimirá los viajes de funcionarios a actividades no oficiales y prohibirá que el Estado pague pasajes, viáticos o gastos de representación en estos casos.
Tampoco se autorizarán los contratos para cubrir plazas vacantes, se prohibirá el uso particular de vehículos oficiales y se racionalizarán los gastos de telefonía móvil.
