- Siete días han pasado y aún se desconoce qué temas o resoluciones decidió la CGR el jueves anterior
La Contraloría General de la República (CGR) enfrenta hoy su primera sesión bajo la nueva política de “cero información” por parte de los contralores colegiados sobre las resoluciones que tome esta instancia fiscalizadora de los recursos públicos.
El enmudecimiento de los contralores colegiados fue comparado por el experto legal Sergio García Quintero con la omertá, el legendario código de silencio de la organización criminal Cosa Nostra, que era castigado con la muerte para quien lo violase.
“Los señores contralores adoptaron un código de silencio. ¿Para qué? Para tapar la evidente corrupción que se está gestando en las esferas gubernamentales. ¿Por qué esa falta de transparencia? Es como la omertá, un pacto de silencio para ocultar todo aquello que les pueda perjudicar sus intereses políticos y partidarios. Igual como estilan las mafias criminales”, opinó García Quintero.
La Contraloría tomó esta decisión luego del cruce de espadas público que sostuvieron los contralores colegiados Lino Hernández y el presidente de esta entidad, Guillermo Argüello Poessy.
Un choque que dejó al descubierto la influencia política sobre muchos casos delicados, sobre los cuales existen evidentes irregularidades en el manejo de recursos públicos.
“ Lo que estamos viendo ante nosotros es cómo la Contraloría también ha sido sometida, como lo está la Asamblea Nacional, el Poder Judicial, el Consejo Supremo Electoral, a los hilos de este Gobierno que tiene todos los trazos de una dictadura, aunque todavía no lo es. Lo delicado en todo esto es que estás hablando de la institución que, según los artículos 154, 155 y 156 de la Constitución Política, está llamada a ser la guardiana de los recursos de todos los nicaragüenses”, agregó.
El contralor Hernández acusó a Argüello Poessy de bloquear, con su abstención en las votaciones, resoluciones de la CGR referidas a sonados escándalos, como las irregularidades en proyectos de la Alcaldía de Managua o la controversial donación a la cooperativa privada del Frente Sandinista de 130 buses, por parte del Gobierno ruso.
Argüello Poessy por su lado, acusó al contralor Hernández de haber aprobado, aprovechando su ausencia y con la complicidad del resto de contralores, una responsabilidad penal en contra del dirigente político Eduardo Montealegre por el caso de los Cenis.
Esto sin que siquiera se hubiese terminado la auditoría sobre este caso por parte de la CGR. Todo como parte de los acuerdos políticos entre el Partido Liberal Constitucionalista y el Frente Sandinista.
“La confesión del doctor Argüello Poessy puso el dedo en la llaga sobre cómo operan los contralores y es una denuncia que tendría que ser investigada, ya que es algo sumamente delicado”, agregó el doctor García Quintero.
SITIO WEB NO REPORTA NADA
La decisión de no hablar ante los medios de comunicación aparentemente fue promovida por el contralor sandinista Luis Ángel Montenegro, quien ahora resulta ser todo un apañador de cualquier irregularidad con recursos del erario en el gobierno del presidente Daniel Ortega.
Según la decisión de la CGR, toda la información referida a resoluciones de esta entidad sería “colgada” en el sitio web de la institución, para ser consultada por quien lo quisiera.
Sin embargo, el sitio web de la CGR está bastante desfasado. Hay mucha información sobre resoluciones viejas, pero todavía no están disponibles las recientes decisiones tomadas por el ente fiscalizador, comprobamos.
El sitio web ya ha sido modificado anteriormente. Cuando una serie de investigaciones periodísticas de LA PRENSA descubrieron cómo la CGR aprobó al gobierno de Ortega más exclusiones de procedimiento que las sumadas en las administraciones de Arnoldo Alemán y Enrique Bolaños, esta información fue removida del sitio web.
Ahora en el sitio web sólo están disponibles las exclusiones de procedimientos que son aprobadas por cada institución, pero la información sobre años anteriores no.
Faltará ver si hoy alguno de los contralores decide por su cuenta “incumplir” esta normativa e informar sobre las decisiones que tomen.
