Sandinistas van por ley confiscatoria

El presidente de la Comisión de Población, Desarrollo y Municipios, Agustín Jarquín, dijo ayer que de no lograrse consenso con la Ley de Costas, el oficialismo buscará aprobar su propuesta en el parlamento, la cual mantiene con vida la Ley Agraria de 1917, que en su artículo dos estipula que son propiedad del Estado los terrenos baldíos ubicados a dos kilómetros de la costa marina y a ochocientos metros en lagos y lagunas.

Jarquín negó que la vigencia de la Ley Agraria de 1917 se convierta en un arma para efectuar confiscaciones, como han denunciado diputados opositores, y más bien sostuvo que de derogarse esa ley el Estado perdería por lo menos 20 mil millones de dólares en las áreas costeras.

“No nos corresponde en este caso quitarle al Estado no solamente propiedad costera, sino que propiedades en el centro del país”, dijo Jarquín.

“Sería oneroso, sería un golpe que solamente con respecto a las áreas costeras estamos hablando de más de 20 mil millones de dólares que el Estado estaría perdiendo”, indicó Jarquín, aliado del gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).

En el Parlamento, miembros de la Bancada Democrática Nicaragüense (BDN) y del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), así como representantes del sector turismo, se han pronunciado a favor de que la Ley Agraria de 1917 sea derogada, pero el FSLN discrepa.

“Lo que privilegiamos es buscar un consenso, si al final no es posible, nos vamos a una votación por mayoría en el plenario de la Asamblea, pero creemos que esta ley puede estar lista al final de la próxima semana”, adelantó Jarquín.

La Ley de Costas es de rango ordinario y requiere del voto favorable de 47 diputados para ser aprobada. El FSLN tiene 38 diputados y espera contar con el respaldo de otros 12, provenientes de la Alianza Liberal Nicaragüense (ALN) y Bancada por la Unidad Nicaragüense (BUN).

“Venimos de una historia reciente que ha sido polémica, tortuosa, hay algunos temores, pero nosotros lo hemos reiterado y la letra es clara, habrá respeto a los derechos adquiridos legalmente y no podemos nosotros castigar al Estado, yéndonos por lo bajo hablaríamos de (que el Estado perdería) entre 17 mil y 20 mil millones de dólares (si se deroga la Ley Agraria de 1917), solamente en las zonas costeras, con lo que está en el centro del país es una cantidad mucho mayor”.

No obstante el diputado Javier Vallejo (BDN), miembro de la Comisión de Población, Desarrollo y Municipios, consideró que la actual administración sandinista ha demostrado tener “malas intenciones”, por lo cual existe el temor de posibles confiscaciones si se mantiene vigente la Ley Agraria de 1917.

“Recordemos que el Procurador General de la República, Hernán Estrada, mandó un memorando a todos los catastros solicitándoles que no dieran ninguna certificación para poder registrar, mientras no hubiera una carta de no objeción de parte del Procurador, algo que no se había hecho nunca en el pasado”, ejemplificó Vallejo.

El jefe de la bancada del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), Ramón González, reiteró que su bancada está opuesta a mantener en vigencia la Ley Agraria de 1917, asegurando que esta bancada no votará a favor si se incluye en el dictamen.

Aseguró que no le ve ninguna razón por la cual se mantenga en vigencia esta ley que tiene más de 90 años y que nunca ha sido utilizada. “Este artículo se metió y nadie se explica por qué se metió algo de costas en una ley agraria”, afirma González.

Por su parte el presidente de la Asamblea Nacional, el sandinista René Núñez, se pronunció a favor de esta ley ya que la misma pretende “defender el patrimonio del Estado y defenderlo en caso de agresión”. Una aseveración que para muchos no tiene sentido, ya que en ningún momento se está hablando de agresión.

Róger Arteaga, presidente de la Cámara de Comercio Americana Nicaragüense (Amcham), reiteró el temor de los empresarios privados por este artículo y rechazó que se trate de un asunto de soberanía.

“Se debe buscar algo razonable, aquí el Ejército puede limitar cuánto es el área de seguridad que debe conservarse, no todo es igual, en el Atlántico es diferente que en el Pacífico”, aseguró Arteaga.