- Como en los años ochenta, el Frente Sandinista se confronta con la Iglesia católica
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Ver Infografia > En agosto de 1981, el entonces director de Radio Católica, Bismarck Carballo, era visto en la televisión nacional que controlaba el gobernante Frente Sandinista, desnudo conducido a la mitad de la noche hacia una falsa patrulla policial desde la casa de una mujer, que luego se supo era agente de Inteligencia del partido, pero que entonces se identificó como amante del sacerdote, para entonces uno de los principales críticos del Gobierno que dos años antes había derrocado por las armas al somocismo.
Por la escena montada con la que el Frente Sandinista buscó desprestigiar la imagen del sacerdote y de la Iglesia católica en el país, el secretario general del partido rojinegro y actual mandatario, Daniel Ortega, pidió disculpas en el 2004.
Pero hoy el Gobierno continúa repitiendo los mismos errores de ese pasado contra la Iglesia, que según analistas es parte de la tradicional intolerancia de Ortega y su Gobierno a la crítica de cualquier sector.
Bismarck Carballo es ahora uno de los sacerdotes aliados al Gobierno, junto al ex Arzobispo de Managua y Cardenal, Miguel Obando y Bravo, quien preside una comisión gubernamental para la “paz, justicia, verificación y reconciliación”, que lleva su nombre. Además, la respuesta del sacerdote a cualquier consulta sobre aquel hecho es que prefiere “no hablar del tema”, “no escarbar en el pasado”.
El analista de temas religiosos y políticos, Róger Guevara, recuerda la década de los ochenta como uno de los períodos más agitados en la historia de las relaciones entre la Iglesia católica y el Gobierno. Sólo en 1986, unos 17 sacerdotes fueron expulsados del país, según datos de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH).
Pero a pesar de que Ortega dijo también en el 2004 que esos errores contra la Iglesia católica no se repetirían, hoy ha desarrollado malas relaciones en los dos primeros años de su segundo gobierno, que han alcanzado el clímax tras una carta desmentida —pero no aclarada— en la que uno de sus asesores acusa a los obispos nicaragüenses de corruptos, mujeriegos, padres de hijos ilegítimos y alcohólicos, que además conspiran con la oposición y el Gobierno de los Estados Unidos en contra el gobierno de Ortega.
Para Guevara, la nueva ruptura entre el Frente Sandinista y la Iglesia católica ocurrió desde abril del 2005, cuando el Papa Juan Pablo II, ya en su lecho de enfermo, acepta la renuncia que el cardenal Obando había puesto por edad y una vez que las autoridades electas en noviembre del 2006 llegan al poder, muestran su “sectarización y atropello contra todos aquéllos que no participan de su comunión ideológica”.
Según Guevara, la condición de las relaciones fue evidente con la carta pastoral que dirigen los obispos en noviembre del año pasado y que inicia con la misma frase que el Papa Juan Pablo II respondió a lo que él califica como un recibimiento escandaloso en 1983: “La primera que quiere la paz es la Iglesia”, mientras la Conferencia era acusada por sectores oficialistas de promover la violencia postelectoral, tras el fraude de esos comicios, al que la Iglesia se refirió.
“Ese documento constituye el primer reclamo de la Iglesia al Gobierno por su falta de democracia”, subraya Guevara.
Para el académico y analista Carlos Tünnermann, ministro de Educación durante los primeros cuatro años y medio del primer gobierno sandinista, hoy el Gobierno de Ortega demuestra “su vocación de autoritarismo e intolerancia que le hace construir fuentes de confrontación, mientras pierde espacios de reconciliación, a pesar de que ésta es parte de su promesa y lema de Gobierno”.
Guevara y Tünnermann advierten la señal de indiferencia que hace el Gobierno con su silencio respecto a los llamados de un verdadero diálogo nacional, en el que insiste la Iglesia católica, en cambio se le busca desprestigiar de la alta credibilidad con la que goza entre los nicaragüenses (65.1 por ciento), mientras el Gobierno tiene la suya por el piso (33.1 por ciento).
Guevara estima que el trigésimo segundo encuentro del Consejo Episcopal Latinoamericano (Celam), que esta semana cita por primera vez a más de 60 obispos de 22 países en Nicaragua, “representa para el Gobierno una oportunidad para hacer de él una buena imagen en el continente o un riesgo de perder la solidaridad y el apoyo de los pueblos del continente, representado por sus respectivos gobiernos”, debido a la importante influencia de la Iglesia católica en la región.