- Contra ex funcionarios de Bonanza y Prinzapolka
CORRESPONSAL/RAAN
El juez de audiencias de Siuna, Fulgencio Velásquez, declaró inadmisible la acusación formulada por el Ministerio Público en contra del ex alcalde sandinista de Bonanza, Gregorio Lino Simons; la Defensora Pública de Siuna, Blanca Liliam Molina García; el ex Alcalde liberal de Prinzapolka, Raymundo Tripas, y su administrador Jaime Hamer, por el supuesto delito de peculado en contra del Estado.
Lo anterior lo decidió en una audiencia realizada el 29 de abril en Siuna. La nueva resolución del judicial contradice su propia decisión del pasado 17 de abril del 2009, cuando en otra audiencia había considerado que la acusación contenía suficientes elementos que vinculaban a los ex funcionarios, ese día programó el juicio oral y público para el 7 de mayo próximo.
Gregorio Lino y Blanca Liliam Molina fueron acusados por el Ministerio Público y la Procuraduría General de la República por el delito de peculado, al primero por presuntamente apoderarse de 85 mil córdobas de los fondos de la comuna de Bonanza, con la colaboración necesaria de la Defensora Pública del Triángulo Minero, Molina García.
En tanto Raymundo Tripas y Jaime Hamer, ex Alcalde liberal y administrador de Prinzapolka, respectivamente, fueron acusados por el supuesto desfalco de 397 mil córdobas a la Alcaldía municipal de Prinzapolka.
SIN TIPIFICACIÓN
Juan Ramón Flores Rugama, abogado defensor del ex alcalde y la Defensora Pública, dijo que el juez no encontró la tipificación del supuesto delito. “No encuadra en la norma jurídica el delito de peculado con el nuevo Código Penal, es atípico, antijurídico y por lo tanto mi defendido fue declarado no culpable”, refirió.
El fiscal Manuel Aguirre reconoció que la acusación tenía algunas debilidades jurídicas, que fueron utilizadas por el judicial al momento de emitir su resolución.
“Lo que pasa es que en el caso de Gregorio Lino Simons (ex Alcalde de Bonanza) la Contraloría había emitido una resolución que mandó a retener dos meses de salario, después de un proceso administrativo que se le siguió… y eso fue presentado en la audiencia”, refirió el funcionario.
En el caso de la Defensora Pública, Blanca Molina García, al no admitirse la causa contra el ex alcalde Lino no tenía sentido perseguir al colaborador necesario, señaló el fiscal.
