- Prensa dice que es uno de los peores escándalos de corrupción de ese país
TEGUCIGALPA, HONDURAS
El Fiscal General de Honduras, Luis Alberto Rubí, afirmó ayer tener fuertes indicios de quiénes son los responsables de estar involucrados en el soborno a funcionarios de la estatal de comunicaciones Hondutel, por parte de una empresa estadounidense.
El soborno lo habría pagado la compañía Latinode, con sede en Miami, que se declaró culpable de hacer pagos por al menos 1.09 millones de dólares para lograr una ilegal reducción de tarifas que dejó millonarias pérdidas al estado hondureño.
Rubí mencionó que el Ministerio Público de Honduras solicitará colaboración a la justicia de Estados Unidos para conocer los pormenores del caso.
Al respecto, dijo que “de no tener agilidad necesaria, nosotros tendremos listos los fiscales para que vayan a Estados Unidos a conocer los expedientes y lógicamente, se deducirá la acción penal”.
“Se ha cometido un delito, hay un acto criminal, nosotros ya tenemos indicios de quiénes son los responsables y prácticamente ya tenemos casi listos los dos requerimientos fiscales”, agregó.
Según el Fiscal General, uno de esos requerimientos es para los hondureños involucrados y otro contra los socios de la empresa norteamericana.
LOS DELITOS
Fraude, corrupción, abuso de autoridad, cohecho, entre otros; son los delitos en que habrían incurrido los funcionarios.
Consultado respecto a los nombres de los implicados, Rubí pidió a los periodistas que le permitieran no mencionar nombres por ahora, pues en esto “no se puede correr”.
Según El Heraldo, el fraude contra el estado hondureño inició en 2005, cuando Latinode consiguió el contrato de interconexión telefónica mediante el pago de sobornos a una funcionaria que dirigía el comité de evaluación responsable de otorgar dicha concesión.
Dicha funcionaria, que en 2007 pasó a ser empleada de Latinode, fue identificada desde 2004 como pieza clave para lograr el contrato.
Después de otorgar “premios” por conseguir el contrato, Latinode pagó sobornos a dos empleados de facturación de Hondutel para que reportaran más llamadas y así no se descubriera una rebaja no autorizada de dos centavos de dólar al precio de llamadas por interconexión, lo que hizo perder al Estado de Honduras decenas de millones de dólares.