- Uno de ellos opinó que la denuncia por el ataque de perros a Canda fue para uso político en el caso del río San Juan
Además del ex juez ad hoc de Costa Rica, Antonio Cançado, ahora juez pleno de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), otro juez de tendencia costarricense participaría en el fallo sobre el diferendo por derechos de navegación y conexos entre Costa Rica y Nicaragua, que el tribunal de 15 jueces resolverá en los próximos cinco meses.
Se trata del juez Thomas Buergenthal, propuesto por Costa Rica como nacional para Juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y quien vivió unos 15 años en ese país, en los que se cree estrechó vínculos con éste.
El ex canciller nicaragüense Norman Caldera, al dictar hace días la lección inaugural Evolución histórica del río San Juan de Nicaragua en la Universidad de Ciencias Comerciales (UCC), advirtió que la presencia de estos dos jueces podría favorecer a Costa Rica en un fallo de la CIJ, a pesar de que a Nicaragua la asiste plenamente el Derecho Internacional.
Según Caldera, Buergenthal ya opinó contra Nicaragua, diciendo que este país, por razones políticas, introdujo en la CIDH el caso del ataque de perros rottweiler contra el nicaragüense Natividad Canda, para usarlo en el juicio.
En marzo, LA PRENSA ya había señalado el caso de Cançado, sobre el cual el agente de Nicaragua ante la CIJ, Carlos Argüello, respondió que el país confía en la imparcialidad de la Corte y que Nicaragua no recusó a Cançado porque Costa Rica renunció a su juez ad hoc para el caso. Además, fuentes de Cancillería insistieron en que cuestionar la imparcialidad de un juez equivalía a cuestionar a la CIJ entera y al país no le convendría.
Pero Caldera sostiene que se debió insistir en la integración imparcial del tribunal. Además, otras fuentes criticaron que la posición de juez pleno es más influyente que la de juez ad hoc, y esa influencia aumentaría con la presencia de Buergenthal.
Caldera estimó que el país se vería en desventaja en la demanda hecha por Costa Rica con la presencia de estos jueces que se podrían parcializar en contra, el que se haya ofrecido una “negociación” a Costa Rica y que se haya prescindido de pruebas en las que funcionarios ticos admitieron los derechos limitados de su país en el río nicaragüense.
