- Presidente hondureño no está facultado para convocar a referendo ni consulta alguna
La Fiscalía General de Honduras indicó ayer que el presidente Manuel Zelaya carece de facultades para convocar a una consulta popular para promover una reforma constitucional, por lo cual podría estar sujeto a una sanción penal. “Ni la Constitución (de 1982) ni la Ley Electoral conceden al Presidente la facultad de practicar ninguna consulta popular, que sólo puede efectuar el Tribunal Supremo Electoral (TSE)”, dijo el Ministerio Público en un comunicado.
Advirtió que eventuales acciones del Ejecutivo para impulsar una reforma a la Constitución “pueden llevar a la nación a una confrontación social, conduciría a la inestabilidad política, social y económica, y provocaría una reacción popular en defensa del orden constitucional”.
Zelaya anunció el lunes su interés en promover una reforma que adapte la Constitución “a la realidad nacional”, lo cual desató una ola de críticas de sectores políticos y sociales.
La Fiscalía previno a los funcionarios públicos que intentan cambios a la Constitución que “se pondrán en franca rebeldía contra los artículos 5 y 374 de la Ley fundamental, y se expondrán a una investigación penal para que los tribunales les impongan el castigo contemplado en la ley”.
Consultado al respecto en Managua por la cadena local de radio HRN, Zelaya dijo ayer que “si la Fiscalía tiene algún argumento legal, entonces debe proceder ante los tribunales, debe iniciar un proceso… y llevarme a los tribunales”.
CONSULTA VA
Zelaya dijo a periodistas hondureños que ese organismo no tiene por qué opinar sobre asuntos políticos y enfatizó que “la consulta va y nadie la detiene”.
Indicó que el delito por el cual tratan de implicarlo “es querer preguntar al pueblo si desea que se reforme la Constitución. ¿Quién se opone a consultar al pueblo?”. Y él mismo contestó: “Por Dios santo, nadie debe oponerse al pueblo, él es el soberano, no hay otro”.
El artículo 5 de la Constitución establece que Honduras se sustenta en la democracia participativa y que al TSE corresponde convocar, organizar y dirigir las consultas a la ciudadanía, no al Instituto Nacional de Estadísticas como Zelaya lo propuso.
Y el 374 prohíbe reformar la Constitución en lo referente a la forma de gobierno representativo y democrático, la soberanía del territorio nacional, el período presidencial de cuatro años y la reelección del mandatario, que no se permite en Honduras.
El Ministerio Público dijo que el Presidente “desconoció la Constitución y la Ley Electoral desde el instante mismo en que decretó practicar una consulta popular”.
