- Nueva ley de la CGR plantea resoluciones penales sólo por votación unánime de los contralores
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Los funcionarios públicos, señalados de corrupción y que merezcan una presunción de responsabilidad penal por malos manejos de los recursos del Estado, podrían tener un aliado y no un verdugo en la Contraloría General de la República (CGR).
El artículo 15 del proyecto de la nueva Ley Orgánica de la CGR establece que las resoluciones de presunción penal dependen del voto unánime del consejo de controlares, que está integrado por cinco personas afines al partido de gobierno y el arnoldismo.
Dos diputados de la Bancada Democrática Nicaragüense (BDN), Javier Vallejo y Elman Urbina, cuestionaron el pasado jueves a la CGR por estar politizada y no investigar una serie de denuncias que se han conocido en torno a la actual administración pública.
La CGR ya es una institución debilitada por el control partidario de sus miembros, lo que se ha reflejado en las resoluciones emitidas en su seno.
Por ejemplo, un informe oficial, develado por LA PRENSA hace semanas, demostró que durante los primeros dos años de la administración Ortega los contralores dejaron a los ministros contratar directamente más de 2 mil 700 millones de córdobas evadiendo cualquier tipo de licitación.
Así el presidente Ortega, con la venia de los contralores liberales, pudo manejar este presupuesto a discreción, sin ningún tipo de control.
La nueva Ley Orgánica de la CGR fue aprobada por la Asamblea Nacional, en lo general, el pasado jueves, y será discutida en lo particular en las sesiones ordinarias de la próxima semana, anunció la presidenta de la Comisión de Probidad y Transparencia, la diputada oficialista Miriam Argüello.
La nueva disposición tendría su talón de Aquiles precisamente en la debilidad institucional del tribunal, plagado de decisiones políticas desde 1999, cuando los contralores fueron repartidos entre leales del presidente Daniel Ortega y el caudillo liberal Arnoldo Alemán.
EXPLICACIÓN OFICIAL
Según Argüello, el proyecto ha sido uno de los más consultados desde su origen en el 2006.
Argüello defiende que los funcionarios, luego de la investigación realizada por los auditores de la CGR, no queden en indefensión y plantea la posibilidad de destitución, si acaso los contralores nunca deciden asumir una causa de modo unánime, como se espera suceda si logra concretarse el articulado propuesto.
Actualmente las resoluciones penales y cualquier otra resolución se deciden por mayoría, después de una investigación de auditores internos, o contratados por la CGR, que entregan un informe. Ese documento es analizado en la Dirección de Auditorías que emite un informe, luego es enviado al área jurídica, de donde los técnicos hacen recomendaciones para orientar a los contralores en sus resoluciones definitivas.
