La entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio (TLC) de Costa Rica con Estados Unidos sigue siendo una incógnita para el gobierno del presidente Oscar Arias, tras un referendo ganado en octubre del 2007 y más de cuatro años de batalla a muerte con los detractores del acuerdo.
La decisión del Partido Acción Ciudadana (PAC), el principal de oposición, de hacer una consulta sobre la constitucionalidad de la última de las “leyes complementarias” del TLC que debe aprobar el Congreso, echaría por tierra la aspiración de Arias de concluir este largo episodio antes de las elecciones del 4 de noviembre en Estados Unidos.
El líder del PAC, Ottón Solís, puso al Gobierno contra la pared esta semana al reclamar la eliminación de dos artículos del proyecto de ley —sobre reformas a las normas de propiedad intelectual—, como condición para que sus diputados no planteen la consulta a la Sala Constitucional (o Cuarta Sala) de la Corte Suprema, lo que dilataría su aprobación.
El Gobierno rechazó la propuesta de la oposición y el proyecto fue aprobado en primer debate legislativo la noche del jueves, pero será llevado a la Sala Constitucional.
De acuerdo con las leyes, la Cuarta Sala debe pronunciarse sobre la constitucionalidad de una ley luego del primer debate legislativo —y antes del segundo y final— cuando lo solicitan al menos diez de los 57 diputados.
Ese tribunal ya había dictaminado sobre el proyecto, habiendo encontrado un vicio por no habérsele consultado a las comunidades indígenas, de acuerdo con el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
