- Diputado Castro desestima reacción de los empresarios
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Como “hiperreacción” de quienes no han leído el proyecto de Ley de Contrataciones Administrativas del Sector Público calificó el diputado sandinista Edwin Castro a quienes están cuestionando el mencionado proyecto.
Según Castro, esta nueva ley fue una solicitud del mismo sector privado nacional con el objetivo de darle mayor agilidad a estos trámites, que en muchas ocasiones retrasaban el proceso de contrataciones.
“Creo que más bien, si algo se podría decir es que por querer hacer un estudio, el Ejecutivo se tardó mucho en enviarlo”, señaló Castro.
El proyecto de ley, en su última versión, será sometido a discusión a partir del próximo mes de septiembre, por lo que las diferentes cámaras empresariales tienen sus recomendaciones.
¿COMPETENCIA DESLEAL?
Uno de los puntos que, según el sector privado, genera preocupación es la eliminación del requisito de estar registrado como proveedor del Estado para optar a una licitación.
El proyecto de ley establece que este requisito será cumplido una vez que se asigne al ganador y se proceda a firmar el contrato (Arto. 11).
Según Freddy Blandón, asesor jurídico del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), eliminar este requisito, tal y como está actualmente, promovería que cualquier empresa de maletín participe en una licitación y gane, y hasta ese momento constituirse como tal.
“Tienen que garantizarnos que no haya competencia desleal”, sostuvo al referirse a este artículo.
Según el asesor del Cosep, se tiene que apuntar a que haya la mayor transparencia en estos procesos.
Mario Zelaya, directivo de la Cámara Nacional de la Construcción, reconoció que el objetivo de esta nueva ley es “modernizar los procesos de contratación de servicios y bienes del sector público”.
No obstante, considera que el proyecto tiene vacíos que el sector privado está tratando de cubrir.
Uno de los puntos que tampoco está del todo claro es el de la fianza que se tiene que poner, para respaldar la oferta presentada. Es un vacío que se encuentra en el artículo 69 del proyecto.
“La Declaración de Seriedad de Oferta, contemplada en la iniciativa de ley, provocaría que cualquier persona presentara una oferta, sin tener la administración pública una garantía verdadera de que la oferta presentada por dichas personas será honrada”, afirman los empresarios en su propuesta de reforma del proyecto de ley.
Zelaya reconoce que “cada quien tiene derecho a hacer las empresas que quiera, pero primero tiene que cumplir con todos los requisitos establecidos.
Esto es, agregó, cumplir con requisitos como Seguro Social, pago de impuestos, estar debidamente inscritos en los registros. El programa de inversiones del sector público es de unos cinco mil millones de córdobas.
