Pese a que la Ley 290 establece que ningún Consejo puede asumir funciones ministeriales, el diputado Wilfredo Navarro denunció que los CPC “de hecho” son los que avalan a los beneficiarios de los diversos proyectos del Ejecutivo.
“Para (el programa) Viviendas Para el Pueblo, lo primero que le exigen a la gente son cartas de los CPC, y la ley es clarísima: los CPC no son instituciones del Estado, son organismos de la sociedad civil y no pueden tener un trato discriminatorio por parte del Estado”, indicó Navarro.
“La Ley 290 establece claramente que los CPC no pueden recibir privilegios ni beneficios del Estado. Al hacerse esto se cometen delitos, y en la Comisión Especial se deberán aclarar estas situaciones, para iniciar los procesos correspondientes”, añadió Navarro.
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