- La Corte Suprema de Justicia encabeza la lista de las instituciones que según la presidenta del Cenidh están empujando a Nicaragua a un retroceso en el respeto a los derechos humanos. Pero hay más, también menciona al Consejo Supremo Electoral, la Contraloría General de la República, la Policía Nacional y ahora el Ejército
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Luego de 19 años de estar al frente del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), ya no necesita tarjeta de presentación. Su nombre basta: Vilma Núñez de Escorcia. Edad: 69 años. Revolucionaria. Ex conservadora. Aún sandinista.
En esta entrevista Núñez destaca que en el último año Nicaragua ha tenido un retroceso significativo en el respeto a los derechos humanos. La Policía Nacional y el Poder Judicial son las instituciones más denunciadas por los ciudadanos, aunque aclara que eso no es sinónimo de que cometan más violaciones.
Núñez, quien fue vicepresidenta de la Corte Suprema de Justicia en la década de 1980, señala al Poder Judicial como un factor fundamental en el cumplimiento de los derechos humanos. Sin embargo, en esa materia Nicaragua no tiene muchos puntos a su favor, ya que la administración de justicia está dividida en dos partidos que ejercen un pacto político desde 1998, el Frente Sandinista de Liberación Nacional y el Partido Liberal Constitucionalista. Los esfuerzos por modernizar al Poder Judicial se han opacado por la corrupción y la política.
“No podemos dejar de mencionar la violación a la libertad de expresión. Ésa es una característica fundamental de los regímenes antidemocráticos y dictatoriales y yo sé que les molesta que se hable de que en Nicaragua tenemos una dictadura institucional, pero se está ejerciendo a través del funcionamiento amañado, inadecuado de las instituciones del Estado”, comenta la presidenta del Cenidh. En esta lista incluye al Poder Electoral, “que trabaja en función de quién debe ganar o perder las elecciones municipales”; a la Contraloría General de la República “que se hace la disimulada o da explicaciones tardías cuando se llega a denunciar una falta… Todo ese comportamiento de las instituciones del Estado crea la dictadura institucional”.
::: ¿Doctora, con su experiencia como ex vicepresidenta de la Corte Suprema de Justicia, cómo valora la estructura actual del Poder Judicial y la forma en que se administra la justicia en Nicaragua?
Eran tiempos y situaciones completamente diferentes. Cuando triunfa la revolución se desmonta toda la estructura jurídica del país y se desintegran todos los poderes del Estado. La junta del nuevo gobierno nombra a siete personas que fueron en ese momento, quizás, la muestra del pluralismo político, que era uno de los principios de la revolución. La Corte Suprema de Justicia la fundamos siete personas de las cuales sólo dos éramos sandinistas. Los otros pertenecían al Partido Conservador y al Partido Liberal Independiente. Encontramos un Poder Judicial obsoleto, y no hubo interés por transformarlo a fondo. Entonces lo que nosotros, desde la Corte Suprema de Justicia encabezada por el doctor Roberto Argüello, lo más que pudimos hacer fue impulsar pequeñas transformaciones legales y tratar de conformar un equipo de jueces honestos. Cambiar la cara.
::: ¿Y qué ha pasado con esa cara?
Hay alguna gente de ese entonces que todavía está en el Poder Judicial. Han empezado una serie de transformaciones que pueden ser buenas. Han impulsado la Ley de Carrera Judicial. Sin embargo, me parece que las nuevas autoridades de la Corte Suprema de Justicia empezaron a ser muy cerradas, han impulsado transformaciones sin la participación amplia de todos los actores. Al Cenidh, por ejemplo, jamás se nos ha hecho partícipes de las actividades. Los jueces viven haciendo talleres, seminarios, y es importante que se estén capacitando, pero yo creo que si sólo se capacita a uno de los actores que intervienen en la administración de justicia, no se logran los resultados.
Después de todos los esfuerzos importantes que han hecho los gobiernos para cambiarle la cara al Poder Judicial, se ha ensuciado, no encuentro otra palabra menos drástica, por la partidarización producto de un pacto. Tenemos una Corte Suprema de Justicia ampliada al tamaño de los intereses partidarios.
No soy ninguna persona cerrada para no darme cuenta de que cuando se tiene que tomar una decisión en la Asamblea, donde nadie tiene la mayoría, no hay necesidad de entrar en pláticas. Pero pasa lo siguiente, ellos mismos demuestran que tiene desconfianza de ellos mismos porque violan la Ley, las elecciones (de magistrados) tienen que ser individuales, persona por persona, pero ellos comenzaron a hacer elecciones por plancha, por la desconfianza política que existe entre los dos pactistas. A cinco magistrados se les vence el período, pero van a elegir ocho porque hay otros a los que se les va a vencer después. Eso no es correcto, otra vez se van a repartir cuatro y cuatro.
::: ¿Cómo está en Nicaragua la situación de Derechos Humanos?
A veces resulta difícil contestar de manera concreta esta pregunta. Una valoración de derechos humanos no puede ser en blanco y negro, decir está bien o está mal. Ninguna valoración se puede hacer fuera del contexto económico, social, político de un país, eso es importante. Se analiza el comportamiento gubernamental, el comportamiento de la sociedad, el nivel de participación y la situación económica. Para no ser tan categórica, puedo decir que la situación es preocupante. No vemos avances significativos, por no decir que hay un retroceso.
Así como podría mencionar cosas que aparentemente podrían significar señales de un avance, no son suficientes para resolver los problemas heredados. Las medidas que se han impulsado, y que los sectores gubernamentales valoran como grandes avances, son para nosotros señales positivas que no logran un cambio importante, y hasta cierto punto se ven contaminados por una estrategia de clientelismo político en el comportamiento gubernamental, como por ejemplo, el Programa Hambre Cero, que no resuelve el problema de la pobreza, pero que son pequeños aportes a determinados grupos. El problema es la contaminación partidaria que se nota y se denuncia incluso por los mismos sandinistas.
::: Entonces el Cenidh coincide con el planteamiento de Dora María Téllez que, en una entrevista de Domingo, dijo que el presidente Daniel Ortega gobierna sólo para el 38 por ciento que votó por él.
A mí no me gusta decir “coincidimos con tal”, no me gusta hacer ese tipo de afirmaciones porque precisamente una de las cosas que el Gobierno pretende es descalificar el trabajo de las organizaciones independientes, y exactamente del trabajo del Cenidh, algunos funcionarios han dicho que no hace trabajo de derechos humanos sino que se hace oposición política. Pero definitivamente todas las señales apuntan a que el Gobierno está desarrollando un clientelismo político para favorecer quizás a un grupo más reducido que ese 38 por ciento, porque ese 38 por ciento, si es que lo obtuvo, no era sólo gente del Frente Sandinista, hay otra gente que votó por él.
::: Usted ha mencionado que hay presión del Gobierno hacia los organismos independientes.
Es que ésa ha sido una constante gubernamental. Desde que tomó posesión, el Presidente ha mantenido un discurso confrontativo por abrir diferentes frentes con muchos sectores, con los medios de comunicación, con la sociedad civil y empezó con las mujeres y vemos que es a ellas a las que más ha atacado, al extremo que actualmente existe una denuncia paralizada en la Fiscalía General de la República pretendiendo imputar acciones delictivas a un grupo de nueve mujeres dirigentes.
Es preocupante que en los discursos presidenciales siempre se está señalando a las organizaciones que tienen una posición crítica, como debe ejercerse, sobre el comportamiento gubernamental. Se les señala, se les califica llamándoles de extrema derecha, agentes del imperialismo, agentes de la CIA, una serie de calificativos con los que pretende deslegitimar a las organizaciones no gubernamentales.
::: ¿Cree que estas descalificaciones que vienen del Gobierno tengan mayor repercusión en las organizaciones no gubernamentales?
No. Espero que haya la suficiente sensatez como para que se quede como uno de los tantos discursos en plaza pública que dice el Presidente, secundado por algunos funcionarios de su gobierno y algunos aliados del pacto. Creo que es la oportunidad para que haya un nivel de posicionamiento muy claro de parte de las organizaciones civiles, para que aquéllas que tienen vínculos partidarios se desliguen y puedan actuar con independencia.
::: ¿El Cenidh siente algún tipo de limitantes que debe enfrentar con la nueva administración gubernamental?
En primer lugar te quiero decir que trabajar en derechos humanos no es un trabajo cualquiera, optar por la defensa de los derechos humanos es una forma de vida. Nosotros, a parte de sentirnos aludidos por los insultos de carácter general que son objeto las organizaciones, no pudiéramos decir que tenemos algún obstáculo. Hace unos días se nos acaba de entregar el certificado de legalidad en el Ministerio de Gobernación, nosotros llevamos toda nuestra documentación al día, cumpliendo con todas las responsabilidades que la Ley establece, pero a veces encontramos que se nos cierran espacios, falta de respuestas, calificaciones o descalificaciones al trabajo, a parte de las persecuciones y el comportamiento de autoridades muy puntuales, pero que no lo pudiéramos catalogar como una política de Estado.
Lo más lamentable es el deterioro tremendo del Poder Judicial, y un país que está con un deterioro en las condiciones que lo tiene Nicaragua, no puede hablar de respeto a los derechos humanos porque precisamente el artículo 160 de la Constitución Política establece que el Poder Judicial es el encargado de garantizar la vigencia de los mismos. Uno de los problemas más serios que hay en materia de violación a derechos humanos y derechos civiles y políticos es la falta de seguridad jurídica y consideramos que es el efecto más nefasto del deterioro institucional. Todo está condicionado a los intereses políticos y lo grave es que está trascendiendo no sólo a los casos que tienen connotación política partidaria, sino que está en la administración de justicia común y corriente.
::: En un artículo que usted publicó en la revista Envío (enero, 2000), menciona la descomposición que estaba sufriendo el Frente Sandinista como partido. ¿Qué tan avanzada está esa descomposición ahora?
Definitivamente sí hay descomposición dentro del Frente Sandinista y considero que el Frente Sandinista lamentablemente ha traicionado todos los principios que inspiraron la revolución y ha traicionado a tanta gente que murió por ver una Nicaragua linda. Podría pensarse que al llegar nuevamente al poder, iba a haber un esfuerzo de rectificación, pero no, al contrario, yo pienso que esta nueva oportunidad de tener acceso al poder le está sirviendo para profundizar todos esos elementos de descomposición que caracterizan el comportamiento gubernamental actual y partidario. El Frente Sandinista es rehén de las ambiciones personales de Daniel Ortega.
::: En ese mismo artículo usted menciona que en la década de los ochenta, el Frente Sandinista presentó la misma confusión Estado-partido que presenta ahora. ¿Es ésa una falta de evolución como partido y por consecuencia en la forma de gobernar?
Uno de los problemas que enfrentó la revolución fue esa confusión Estado-partido. Toda revolución piensa que va ser eterna. Ahora, yo nunca creí que iban a cambiar, pero que sí debían sacar experiencia de los costos políticos que significó esa confusión Estado-partido. Sin embargo, eso sigue y hasta se está profundizando. Ya ves el caso del INSS (Instituto de Seguridad Social), ya no es solamente la caja chica de los gobiernos de Arnoldo Alemán y don Enrique.
La confusión Estado-partido se manifiesta desde el primer momento en la toma de posesión de Daniel, cuando dispuso cambiar todo el protocolo que había establecido la Cancillería con la Asamblea Nacional, que eran los encargados de decir cómo se hacía el acto de cambio de gobierno. Daniel decidió hacerlo en la Plaza de los No Alineados y ahora la misma secretaría del Frente funciona como casa de gobierno, y por más que se diga y se reclame, no pasa nada.
Esa confusión raya en la corrupción. Ese secretismo con el cual no se quiere de ninguna manera informar qué pasa con los fondos venezolanos, esa creación de empresas privadas como Albanisa, son del partido, pero ¿en qué medida perjudican al Estado de Nicaragua? Nos lo están ocultando. Piensan que son eternos (en el Gobierno), pero después nos va a tocar pagarlo.
::: ¿Tal como están las cosas, se puede hablar en Nicaragua de un gobierno agresor de los derechos humanos?
Definitivamente todos estos comportamientos tienden a violar los derechos humanos. Ahora en el 2008 estamos verdaderamente preocupados porque la situación se sigue deteriorando, ya no sólo son los casos de violación a los derechos laborales, violencia intrafamiliar o problemas de propiedad. Ahora hay niveles de violencia de otro tipo donde comienza a involucrarse la Policía y el Ejército, y nos preocupa el deterioro institucional y la falta de justicia.
En este momento la situación de derechos humanos está peor que en el 2007 y está peor que en el 2006. Se ha empeorado en cuanto a las violaciones de derechos civiles y políticos, la exclusión, la falta de participación ciudadana, la persecución a los organismos civiles.
Es impresionante cómo se está conduciendo al país a destruir la democracia, implantar un bipartidismo aunque el Consejo Supremo Electoral diga que no, eso es lo que pretenden con la persecución política en contra del MRS, del Pamuc y el Partido Conservador. Es impresionante ver cómo están reduciendo la incipiente democracia que tanto nos ha costado. No podemos dejar de mencionar la violación a la libertad de expresión. Ésa es una característica fundamental de los regímenes antidemocráticos y dictatoriales y yo sé que les molesta que se hable de que en Nicaragua tenemos una dictadura institucional, porque todo mundo cuando habla de dictadura se imagina a una guardia en las calles –espero que a pesar de los problemas que está teniendo actualmente el Ejército, jamás lo veamos– pero la dictadura institucional se está ejerciendo a través del funcionamiento amañado, inadecuado de las instituciones del Estado, fundamentalmente de Poder Judicial, un Poder Electoral que trabaja en función de quién debe ganar o perder las elecciones municipales, con una Contraloría General de la República que se hace la disimulada o da respuestas tardías cuando se denuncia la falta de respeto a la Ley de Contrataciones públicas.
::: ¿Hay alguna de las instituciones del Estado que violente más o menos los derechos humanos de los ciudadanos?
Eso tratamos de hacerlo cuando finalizamos el año, tomando como muestra el balance de las denuncias que recibimos en el Cenidh, pero tenemos que estar claros de que el panorama del Cenidh es una muestra importante, significativa, pero no es todo lo que ocurre.
Según las estadísticas, las instituciones más denunciadas son la Policía y el Poder Judicial. La Policía porque definitivamente es la institución que está en contacto permanente con la población, pero el que sea la más denunciada no quiere decir que sea la que más viola. El año antepasado el más violador fue el Poder Judicial.
Entre los problemas más serios que se atienden son el comportamiento de las autoridades y el problema de la propiedad se está agudizando, producto del desorden en que se encuentra la propiedad en Nicaragua y las expectativas que se crearon en la campaña presidencial. Otro problema muy serio es el de carácter laboral, para aquéllos que tienen trabajo.
La situación se mantiene igual en materia de derechos económicos y sociales. Hay más descomposición en materia de derechos civiles y políticos, por ejemplo, la libertad de expresión ahora tiene una característica muy preocupante.
