El subsecretario de Estado, John Negroponte, se entrevistó el jueves pasado con el Presidente de Guatemala, Álvaro Colom. (LA PRENSA/AP/L. ECHEVERRÍA/PRESIDENCIA GUATEMALA)

Istmo respalda el Plan Mérida

Negroponte no vino a Nicaragua El subsecretario de Estado estadounidense, John Negroponte, afirmó este viernes que recibió el apoyo de los presidentes de Honduras, El Salvador y Guatemala para implementar el Plan Mérida, de 1,500 millones de dólares, una estrategia destinada a combatir el narcotráfico. “En primer lugar, los mandatarios o líderes (de esos países) […]

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El subsecretario de Estado estadounidense, John Negroponte, afirmó este viernes que recibió el apoyo de los presidentes de Honduras, El Salvador y Guatemala para implementar el Plan Mérida, de 1,500 millones de dólares, una estrategia destinada a combatir el narcotráfico.

“En primer lugar, los mandatarios o líderes (de esos países) tienen una disposición y una voluntad de colaborar con los Estados Unidos en esta lucha” antidrogas, afirmó Negroponte durante una rueda de prensa junto al subsecretario para Asuntos del Hemisferio Occidental, Thomas Shannon, antes de culminar una gira en Guatemala —que incluyó El Salvador y Honduras pero no a Nicaragua— y viajar a Washington.

“La iniciativa de Mérida es un plan que desarrollamos junto a los países involucrados, es decir, México y Centroamérica, y queremos que el plan esté realizado a base de colaboración, no es algo que buscamos imponer”, aclaró, al salir al paso a críticas que ha recibido el plan.

Sin embargo, Negroponte comentó que los programas aún no pueden comenzar a funcionar, toda vez que la implementación del mismo, así como una asignación de 550 millones de dólares para funcionar el primer año, está en discusión en el Congreso de su país.

El gobierno de México rechazó, a través de sus secretario de Gobernación, las condiciones que quieren imponer los congresistas de EE.UU. Entre ellas figura la exigencia de que las unidades militares o policiales, a las que fueran a parar los recursos, debían tener una estricta vigilancia de los derechos humanos y la corrupción. Esto es “inaceptable” para el gobierno de México.

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