- Diputados que la dictaminan buscaban consenso ayer sobre la distancia de la costa marítima
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La Comisión de Población, Desarrollo y Municipios, de la Asamblea Nacional, discutió ayer las reformas al dictamen del proyecto de Ley de Costas, para que ésta sea aprobada por el plenario en junio próximo.
Francisco Valenzuela, presidente de la Comisión de Población, Desarrollo y Municipios, afirmó que hasta el momento se han puesto de acuerdo en un 95 por ciento referente a los aspectos que incluye el proyecto de Ley de Costas.
Hasta en horas de la tarde de ayer, los miembros de la Comisión buscaban consenso sobre la distancia que debe alcanzar la costa marítima desde la marea alta hacia dentro.
Valenzuela también explicó que los linderos de costas ya están definidos en la Ley de Medio Ambiente y Ley de Agua y “por eso lo que vamos a hacer es trasladar la distancia que establecen estas leyes (al proyecto de Ley de Costas) que está entre 50 y 30 metros, cuya zona de playa será de uso exclusivo de los ciudadanos”, explicó.
PROTEGERÁN PASOS
El diputado sandinista dijo que la ley respetará “los pasos históricos en las playas y en caso de que no existan, en la ley se establecerán los mecanismos para que se defina dónde es que se van a tener esos pasos”.
Los pasos históricos son las vías comunes de acceso que utilizan los ciudadanos para penetrar a las playas.
“Es una ley que es una necesidad para el país, para la inversión, porque da seguridad a la inversión y le da derecho a los ciudadanos de hacer uso de sus playas y sus costas”, explicó Valenzuela.
Añadió que si un inversionista solicita un espacio de costa para uso exclusivo, tendrá que presentar una solicitud ante la Comisión de Costas y el Concejo Municipal, los que estudiarán la petición y establecerán el pago de una concesión en un lapso de 25 a 50 años.
Este martes, empresarios nacionales y extranjeros hicieron un llamado al parlamento para que apruebe esta ley que tiene detenidos unos mil millones de dólares en inversiones turísticas en la zona costera.
Los empresarios argumentaron que el problema es que todavía no saben cuáles serán las regulaciones que traerá la nueva ley, y si respetará los derechos de propiedad de las inversiones turísticas.
