El nuevo intento de diálogo, impulsado por el gobierno de Evo Morales para tratar de solucionar la crisis que atraviesa Bolivia, ha quedado abocado de nuevo al fracaso ante la ausencia de la principal fuerza opositora, el conservador Podemos, en la mesa de negociación.
A la cita convocada, esta vez en el escenario del Congreso, por el vicepresidente Álvaro García Linera asistieron el gubernamental Movimiento Al Socialismo (MAS) y dos fuerzas opositoras pero minoritarias: la centrista Unidad Nacional (UN) y el partido derechista Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR).
Con esta reunión, el Gobierno pretendía insistir en encontrar una salida a la crisis política que afecta al país desde hace varios meses, por la confrontación del proyecto de nueva Carta Magna de Morales y los procesos autonomistas de varias regiones de Bolivia, que las autoridades estatales rechazan por ilegales y separatistas.
Este conflicto, según admiten ambas partes, es posible que tampoco se resuelva con el referendo sobre el mandato del presidente y los nueve gobernadores del país —seis de ellos opositores— convocado para el próximo 10 de agosto.
El presidente del Senado y dirigente de Poder Democrático y Social (Podemos), Oscar Ortiz, anunció en una rueda de prensa que no participarán en la mesa de diálogo si el Gobierno no responde por escrito a las siete condiciones que le han planteado al Ejecutivo.
La principal condición de Podemos es que se elabore un nuevo proyecto de Constitución que nazca del consenso político y no de la imposición.
También exige que el Gobierno reconozca la legitimidad de los procesos autonómicos y, en concreto, el estatuto aprobado en el departamento de Santa Cruz.
Antes de la cita con las fuerzas parlamentarias del país, el vicepresidente del Gobierno y máxima autoridad del Poder Legislativo anunció su disposición a aceptar algunas de las condiciones de Podemos en aras del diálogo. Otros dirigentes del MAS también hablaron de la posibilidad de aceptar otros pedidos, como la discusión sobre la restitución de la renta petrolera para las regiones, pero Podemos espera conocer esas posiciones por escrito.
