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CORRESPONSAL/ NUEVA SEGOVIA
El Consejo Departamental de Desarrollo (CDD) de Nueva Segovia eligió recientemente a su nueva Junta Directiva, con una nueva mayoría que se impuso frente a quienes por más de dos años mantuvieron la hegemonía de la dirección de ese organismo de participación ciudadana, quedando ahora integrada por gente del Frente Sandinista y que trabaja para el Gobierno.
La nueva Junta Directiva quedó conformada por la abogada y delegada de la Intendencia de la Propiedad, Juana Audelí Cruz Peralta, como coordinadora; el presidente de la Copico, Franklin Moncada, en la vicecoordinación; y el delegado de la Administración de Rentas, Fanor Castillo, en la secretaría.
Así como el directivo del Comité de Desarrollo Departamental (CDM) de El Jícaro, profesor Rúrico Castellón, en la tesorería; el alcalde de Jalapa, Humberto Pérez Largaespada, en Divulgación y Prensa; el delegado de Gobernación, Felipe Barreda, como fiscal.
Fueron electos en las cinco vocalías, la dirigente de la Comunidad Indígena de Mozonte, Ligia Vanegas; la directiva del CDM en San Fernando, Cándida Vásquez Hernández; el presidente departamental de la Cámara de Turismo (Cantar), Máximo Ramos y los alcaldes de Macuelizo y Dipilto, Carmen Averruz y Ariel Flores, respectivamente.
Casi todos los directivos fueron electos por mayoría de 53 a 55 votos a mano alzada, contra 16 ó 19 votos que recibían sus contrincantes más cercanos. No así el coordinador, que fue electo con 62 votos y el vicecoordinador con 72 votos, de un total de 87 inscritos y presentes en calidad de miembros de la asamblea general del CDD.
MARCO LEGAL
Según el artículo 28 del Reglamento Interno del Consejo Departamental de Desarrollo de Nueva Segovia, la Junta Directiva estará integrada por once miembros, entre ellos tres representantes del Estado, tres alcaldes, cuatro representantes de la sociedad civil y uno del pueblo indígena de Mozonte.
La elección ocasionó la reacción inmediata de las representantes de unas tres organizaciones de mujeres lideradas por Haydée Castillo, Bertha Flores y María Elena Rivera, y la Cooperativa CCAJ de Jalapa, quienes consideraron que “el partido de Gobierno había utilizado su mayoría absoluta para imponer una Junta Directiva de su conveniencia”.
