El plan de ahorro energético que echó a andar el Gobierno hondureño es un ejemplo de que una buena idea con un buen fin, no necesariamente se traduce en una política administrativa adecuada y puede causar descontento popular.
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Esta semana, el Gobierno de Manuel Zelaya puso en marcha un plan que prohíbe por un día de la semana la circulación de los vehículos privados desde el 7 de abril, el próximo miércoles. Se calculó que unos 300 mil carros diariamente saldrían de circulación. Se aplicará de lunes a sábado y están exceptuados el transporte colectivo, las fuerzas de seguridad, los servicios públicos, los vehículos de carga y los diplomáticos.
Con la acción se pretende ahorrar hasta 80 millones de dólares anuales, de acuerdo a los estimados oficiales. Semejante propósito no es banal, pues la factura petrolera del país sobrepasó los 1,000 millones de dólares en 2007. Como Nicaragua, Honduras depende de las importaciones de búnker para satisfacer la mayor parte de la demanda de energía.
Los carros deben llevar una calcomanía con el mensaje “Hoy no circula”. Cada conductor puede escoger el día en que no usará su vehículo entre las 6 de la mañana y las 8 de la noche. De no cumplir, se le aplicará una multa de 680 lempiras, unos 35 dólares al cambio actual.
Hasta aquí todo bien y cualquiera creería que habría una comprensión general de la medida. Sin embargo, no habían acabado de hacer el anuncio cuando ya sonaban las críticas.
El problema es que la medida obliga a miles de personas, de la clase media en su mayoría, a tomar el transporte público o taxis en Tegucigalpa, en San Pedro Sula y otras ciudades. La inseguridad y el índice de violencia son muy altos, y, según la prensa del país vecino, tomar un bus o un taxi conlleva un considerable peligro de ser asaltado y agredido.
Los argumentos en contra también provinieron de otro frente, desde una perspectiva que no puede ser obviada. Activistas civiles y funcionarios como el Procurador de Derechos Humanos, Ramón Custodio, señalaron que la decisión administrativa ejecutiva violaba derechos fundamentales como la libertad de movimiento y a la libre circulación de los ciudadanos. Es éste un argumento importante: no se le puede permitir al Ejecutivo aprobar decretos que pasen encima de la Constitución y de los derechos y libertades fundamentales, actos jurídicos superiores. Aunque la intención del decreto de ahorro sea encomiable, sienta un precedente jurídico que podría tener consecuencias mayores en otros casos, temen sus críticos.
El Colegio de Abogados de Honduras (CAH) y varias personas a título individual recurrieron de amparo por inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia. El CAH solicitó al Poder Judicial protección para que “se restituyan nuestros derechos y garantías constitucionales, disminuidos, restringidos y tergiversados, por actos administrativos de carácter general, que se estiman dictados en contravención de la ley por el Poder Ejecutivo del Estado de Honduras”, según informaba ayer el diario local El Heraldo.
El decreto, considera el CAH, “violenta directamente derechos y garantías constitucionales”. Los dirigentes del gremio de abogados señalan que no existe una ley que imponga multas a los que incumplan el anunciado decreto.
Karen Johana Portillo, una abogada embarazada de la capital, recurrió contra la medida porque afirma que exponía su vida y su embarazo por tomar el transporte público.
Inclusive, algunos diputados del oficialista Partido Liberal han pedido a Zelaya que la derogue.
El Alcalde de Tegucigalpa, Ricardo Álvarez, llamó a protestar en contra del decreto y obtuvo una respuesta masiva. Miles de carros circularon el jueves con luces encendidas en señal de insatisfacción. Quizás el edil esté genuinamente contra la prohibición de circulación, pero es del opositor Partido Nacional, tiene aspiraciones presidenciales y podría estar sacando réditos políticos.
El Gobierno de Zelaya está aplicando una medida impopular, aunque la idea de ahorrar sea muy buena y es benéfica para el medio ambiente. Sin embargo, no es la primera vez que una política suya fracasaría. Eso pasó con la iniciativa de promover una licitación de la importación de combustibles, y un acuerdo de Petrocaribe con Venezuela no ha sido ratificado por el Congreso.
La manera de proceder del Gobierno hondureño es típica de lo que pasa con muchas políticas públicas en Centroamérica: se improvisa mucho, no se prevé consecuencias y se llevan a cabo sin consenso político y social que contribuirían a su aplicación. Probablemente, el Presidente seguirá viendo focos encendidos durante el día.
Analista de temas internacionales.
