El ex militar argentino Ricardo Miguel Cavallo se negó a declarar ante la justicia de su país sobre delitos cometidos durante la última dictadura, tras llegar el lunes a Buenos Aires extraditado desde España, dijeron fuentes judiciales.
Luego de escuchar las imputaciones en su contra, el ex marino se rehusó a contestar preguntas del juez federal Sergio Torres y el fiscal Eduardo Taiano, quienes investigan los crímenes perpetrados en la Escuela Superior de Mecánica de la Armada (ESMA), donde funcionó la mayor cárcel clandestina montada por el régimen militar.
Las fuentes precisaron que tras la audiencia, el magistrado dispuso que Cavallo sea trasladado a la cárcel de Marcos Paz, situada en esa localidad de la periferia de Buenos Aires y donde permanecerá detenido.
Al llegar a este país en un vuelo procedente de Madrid acompañado por agentes de Interpol, el ex militar fue conducido con chaleco antibalas, esposado y en medio de estrictas medidas de seguridad a los tribunales de esta ciudad.
Cavallo se encontraba encarcelado en España desde que el 29 de junio de 2003 fuera extraditado por México, donde fue detenido en agosto de 2000 tras ser reconocido por varios supervivientes de centros de detención en Argentina durante el régimen militar.
La Audiencia Nacional española autorizó hace dos semanas la extradición a Argentina del ex marino, además de acordar el archivo y el sobreseimiento de la causa que se seguía en España contra Cavallo por genocidio, terrorismo y torturas durante la dictadura militar.
El juez Torres, quien había solicitado a España la extradición de Cavallo en 2006, pretendía interrogar ayer al imputado únicamente por la apropiación de bienes de detenidos ilegalmente en la ESMA durante la dictadura que gobernó Argentina entre 1976 y 1983.
El magistrado investiga los delitos de lesa humanidad cometidos en la ESMA, por donde según familiares de las víctimas y sobrevivientes de la represión pasaron unas 5,000 personas durante el régimen militar. De acuerdo con estimaciones oficiales, en la última dictadura desaparecieron 18,000 personas, pero los organismos de derechos humanos afirman que las víctimas en realidad fueron 30,000.