Un soldado estadounidense vigila el sitio donde un suicida se hizo explotar en Shula, un barrio de Bagdad. (LA PRENSA/AP/H. MIZBAN)

¿Vale la pena morir por ciudadanía póstuma?

Familias de los soldados muertos en Irak debaten [doap_box title=»Absolución en caso de masacre» box_color=»#336699″ class=»archivo-aside»] Una corte marcial de California (oeste de Estados Unidos) absolvió este viernes a un cabo del Ejército implicado en la matanza de 24 civiles iraquíes, entre ellos niños y mujeres, en la localidad de Hadiya, desestimando sin mayor explicación […]

  • Familias de los soldados muertos en Irak debaten
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Una corte marcial de California (oeste de Estados Unidos) absolvió este viernes a un cabo del Ejército implicado en la matanza de 24 civiles iraquíes, entre ellos niños y mujeres, en la localidad de Hadiya, desestimando sin mayor explicación los cargos en su contra.

Los cargos contra el cabo Stephen Tatum “por su supuesta implicación en la muerte de civiles iraquíes en Hadiya, Irak, el 19 de noviembre de 2005, fueron desestimados el viernes”, indicó un comunicado desde la base de los marines de Camp Pendleton, 130 km al sur de Los Ángeles.

El comunicado agregó que estas acusaciones fueron desestimadas para “continuar el seguimiento de los procesos que buscan dar con la verdad en el incidente de Hadiya”, sin dar más explicaciones. Tatum, de 27 años, estaba acusado del asesinato de dos hermanas —de 14 y 5 años— en noviembre de 2005, cuando fueron allanadas casas del pueblo de Hadiya, 260 km al oeste de Bagdad.

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REPORTAJE ESPECIAL DE AP

Un pujante indocumentado guatemalteco que soñaba con recibirse de arquitecto. Un médico nigeriano. Un chino que decía que llegaría a ser general del Ejército estadounidense. Un indio cuya lápida es la primera con la espada que simboliza la fe sij en el Cementerio Nacional de Arlington.

Estos son algunos de los más de cien soldados extranjeros que recibieron la ciudadanía estadounidense en forma póstuma tras morir en Irak.

El guatemalteco José Gutiérrez fue una de las primeras bajas. Murió al ser baleado accidentalmente por sus propios compañeros en Umm Qasr, en las primeras horas de la invasión.

Este joven infante de marina recibió honores que su familia jamás hubiera soñado. Su hermana fue traída desde Guatemala para que participase en su funeral, durante el cual altos oficiales rindieron homenaje a su ataúd, envuelto en la bandera estadounidense.

Su madre adoptiva, que acompañó sus restos a Guatemala, se preguntaba si era necesario que muriese para ser aceptado en los Estados Unidos.

El cardenal de Los Ángeles, Roger Mahony, quien ofreció la misa fúnebre, le escribió al presidente George W. Bush una carta en abril del 2003 en la que dijo: “Hay algo terriblemente errado con nuestras políticas migratorias si hay que morir en combate para recibir la ciudadanía”.

El religioso propuso que se concediese la ciudadanía inmediatamente a todo inmigrante que se enrola en las fuerzas armadas en tiempos de guerra. “No hay que esperar a que los traigan de vuelta en un ataúd”, afirmó.

La guerra continúa y aumenta la lista de soldados que reciben la ciudadanía en forma póstuma. Sus familiares se preguntan qué representa realmente ese documento.

El certificado de ciudadanía de Gutiérrez fue entregado a su madre adoptiva Nora Mosquera, quien se hizo cargo de él luego de que llegó ilegalmente al país. Gutiérrez era huérfano y cruzó México en trenes de carga para buscar fortuna en Estados Unidos.

“Por un lado, me parece que la ciudadanía llegó demasiado tarde para él”, dijo Mosquera. “Pero también me siento agradecida y orgullosa de él. Sabía que le abriría muchas puertas a su familia”.

“¿De qué sirve este pedazo de papel?”, se preguntó Fredelinda Peña tras otra emotiva ceremonia póstuma de nacionalización en Nueva York, la de su hermano Juan Alcántara, oriundo de la República Dominicana. A su lado se encontraba dormida una hija que el soldado no llegó a conocer.

Alcántara, un cabo de 22 años, falleció el 6 de agosto del 2006 en una explosión en Baqouba. Para su hermana, estos reconocimientos llegaron tarde. “No puede prestar juramento como ciudadano desde el cofre”, se lamentó.

Hay miles de personas nacidas en el exterior enroladas en las fuerzas armadas estadounidenses. Muchas recibieron la ciudadanía, pero más de 20,000 todavía no.

Al comenzar la guerra Bush dispuso que alguien nacido en el exterior podía solicitar la ciudadanía apenas se enrolara en las fuerzas armadas. Hasta entonces, los residentes legales que se unían a las fuerzas armadas debían esperar tres años.

Desde que Bush emitió esa orden, casi 37,000 soldados se han naturalizado. Y 109 recibieron la ciudadanía en forma póstuma.

Uno de ellos es el cabo de la infantería Armando Ariel González, de 25 años, quien huyó de Cuba con su padre y un hermano en una balsa en 1995 y soñaba con ser bombero. Fue aplastado por un tanque en el sur de Irak, el 14 de abril del 2003.

Otros son Justin Onwordi, un médico nigeriano de más de dos metros, de 28 años, quien dejó una esposa y un hijo; Ming Sun, un chino de 20 años a quien le encantaban las Fuerzas Armadas y soñaba con llegar a ser General; o Uday Singh, un indio de 21 años que fue el primer sij enrolado en las Fuerzas Armadas estadounidenses que muere en combate.

Muchos de los familiares de estos soldados se sienten orgullosos. Otros no tanto y algunos se sienten culpables por haberlos traído a los Estados Unidos. Muchos expresan sentimientos encontrados cuando se llevan los cadáveres a sus países de origen para enterrarlos allí.

En el entierro de Juan López en el poblado mexicano de San Luis de la Paz, soldados mexicanos le exigieron a la guardia de honor estadounidense enviada a la ceremonia que entregase sus armas, por más que estas fueran ceremoniales. La Secretaría de Defensa mexicana había prohibido previamente a los estadounidenses hacer la tradicional salva, aduciendo que los extranjeros no pueden portar armas en territorio nacional.

Los asistentes a la ceremonia fúnebre, muchos de los cuales se oponían a la guerra, presenciaron una tensa disputa de 45 minutos, mientras la viuda de López recibía la ciudadanía póstuma del soldado de manos de un funcionario de la embajada estadounidense.

Conflictos parecidos se aprecian a veces en los entierros de soldados que tienen la ciudadanía, como José Garibay, un mexicano de 21 años al que su madre trajo ilegalmente al país cuando tenía dos años. Garibay fue nombrado agente de la Policía honorario, algo con lo que él soñaba.

Su madre, Simona Garibay, no puede disimular su dolor ni su desconcierto. La mujer dijo que parecía que valoraban a su hijo más muerto que cuando estaba vivo.

Defensores de la causa de los inmigrantes destacan que las personas que no son ciudadanas no pueden llegar a oficiales ni desempeñarse en ciertas tareas relacionadas con cuestiones de máxima seguridad, pero que de todos modos los reclutadores hablan constantemente de las ventajas de ser ciudadano y que algunos programas de reclutamiento están enfocados específicamente en instituciones de enseñanza en la que la mayoría del alumnado es hispana.

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