La fiscal departamental Ana Isabel Sequeira dijo que a pesar de tener poco personal hay importantes logros. (LA PRENSA/F. RIVERA)

Escasez de fiscales

Sólo hay funcionarios en tres municipios CORRESPONSAL/JINOTEGA La falta de fiscales en cinco de los ocho municipios de este extenso departamento podría causar retardación de justicia, aunque la fiscal departamental Ana Isabel Sequeira considera que “no quiere decir que no hay avances y logros”. Además de la ciudad de Jinotega, la Fiscalía tiene presencia en […]

  • Sólo hay funcionarios en tres municipios

CORRESPONSAL/JINOTEGA

La falta de fiscales en cinco de los ocho municipios de este extenso departamento podría causar retardación de justicia, aunque la fiscal departamental Ana Isabel Sequeira considera que “no quiere decir que no hay avances y logros”.

Además de la ciudad de Jinotega, la Fiscalía tiene presencia en El Cuá y Wiwilí, mientras que en el resto de los municipios, Bocay, Pantasma, Yalí, La Concordia y San Rafael del Norte, no tienen delegación y los casos son atendidos desde la ciudad.

A pesar de esa limitante, en el último año, Sequeira enumeró como logros la atención a seis mil 323 usuarios que demandaron justicia en dos mil 400 causas, se impulsaron 1,098 acusaciones, hubo 166 mediaciones y 98 casos que no se les encontró méritos para ser elevados a acusaciones.

DILIGENTES

“Eso no quiere decir que no se acusó a quienes cometieron delitos graves, todas las personas que de forma grave infringieron la ley fueron acusadas”, sostuvo Sequeira.

Destacó que el trabajo realizado por el equipo de seis profesionales del Derecho es satisfactorio.

LOS MÁS RELEVANTES

Entre los casos más relevantes destacan el asesinato del inspector policial Alejandro de Jesús Altamirano Aráuz, quien fue asesinado cuando salía de la Fiscalía, luego de rendir una declaración.

Otro hecho relevante es el de unos abogados que casaron a una niña de 12 años, caso que actualmente está en apelación.

“Aquí hay acusación de violación, celebración ilegal de matrimonio y delito contra la administración de justicia y estado civil de las personas”, dijo la funcionaria.

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