- En caso Cenis
Los diputados Wilfredo Navarro y Enrique Sáenz coincidieron ayer en que la decisión judicial de congelar el pago de los bonos bancarios se interpreta como un intento por parte del Gobierno por “doblar el brazo” al sector financiero en el país.
“Esa es la lectura que yo tengo. Hay un juez que ordena no pagar los Cenis y hay una negociación por los Cenis, entonces lo que quiere es un mecanismo de presión arbitrario, ilegal y a todas luces inmoral”, dijo el diputado liberal Navarro.
El Estado debe honrar este año aproximadamente 900 millones de córdobas a la banca privada. El Gobierno se encuentra en negociaciones con el sector financiero para renegociar los bonos, pero el juez Julio César Arias ordenó frenar ese pago estatal.
Navarro declaró que en la ley del presupuesto, aprobada el martes, quedó establecido el pago de los bonos bancarios, por lo cual la decisión judicial no es correcta.
“Yo pienso que hay mucha premura y desconocimiento y recordá el control político y partidario que tiene el FSLN (Frente Sandinista de Liberación Nacional) sobre el Poder Judicial y a lo mejor esto es una medida de coacción para obligar a los banqueros a que vayan más rápidamente a una negociación sobre el tema de los Cenis (Certificados Negociables de Inversiones)”, consideró Navarro.
MRS: RIESGO PAÍS ANDA POR LAS NUBES
Por su parte Sáenz, representante por el Movimiento Renovador Sandinista (MRS), explicó que analizan las consecuencias legales de la orden judicial.
Sáenz añadió que un tema que debe revisarse con lupa es el impacto que tiene el congelamiento del pago de los bonos bancarios sobre el riesgo país.
“Nos preocupan las consecuencias, así que estamos elaborando un análisis sobre la parte jurídica, pero sí anotamos el impacto e incertidumbre en términos de riesgo país y en términos de las expectativas, que pueden haber frente a la ejecución del mismo presupuesto”, indicó Sáenz.
El también miembro de la Comisión de Producción, Economía y Presupuesto sostuvo que el Estado planea poner en el mercado cinco mil millones de córdobas en bonos, los cuales perderían interés por parte del sector privado si la orden del juez Arias es ejecutada.
“Allí está planteado un financiamiento con endeudamiento público adicional mediante la emisión de bonos, que va más allá de cinco mil millones de córdobas y habría que preguntarse cuál va a ser la capacidad del Gobierno de colocar estos bonos en un ambiente de incertidumbre”, advirtió Sáenz.
FORCEJEO
El diputado por el MRS se refirió a los antecedentes del FSLN, para aducir que no puede descartarse que el partido de gobierno presione con su brazo judicial a la banca privada para negociar los bonos.
Los novecientos millones de córdobas, según han explicado los legisladores, serán utilizados para incrementos salariales y obras de infraestructura.
“Si esto (la decisión del juez Arias) es en medio de un forcejeo para tratar de doblar brazos, nos parece que las consecuencias pueden ser lamentables. La forma cómo se está procediendo realmente la vemos con preocupación, por las repercusiones que puedan tener”, señaló Sáenz.
CONTRA LEY EXPRESA
Navarro reiteró que el juez Arias emitió una orden en contra de la Ley Anual del Presupuesto, que incluye una partida para cancelar los bonos bancarios.
“En el presupuesto se incluyó el pago de los Cenis, que implica principal e intereses. Lo que pasa es que el presupuesto es una ley y no puede ser obviada por las autoridades judiciales y las leyes son de ineludible cumplimiento para todos los funcionarios públicos y los jueces son funcionarios públicos y la legislación nacional establece que los funcionarios están obligados a darle cumplimiento a la ley y no pueden alegar ni siquiera su ignorancia”, sentenció Navarro.
El diputado liberal agregó que ni siquiera el presidente Daniel Ortega puede actuar en contra de ley expresa.
“Ningún juez, ningún magistrado, ninguna autoridad, ni el Presidente de la República, ni la misma Asamblea Nacional, salvo que revoque la ley, puede establecer el principio de incumplimiento de la legalidad”, resumió Navarro.
