Guatemala/ACAN-EFE
La lucha contra la violencia generada por las pandillas juveniles y el narcotráfico que han hecho de Guatemala uno de los países más inseguros de América Latina es el principal reto del futuro Presidente.
La violencia, sólo en lo que va del 2007, ha cobrado la vida de 4,568 personas. El año pasado, según los registros oficiales, hubo 5,885 asesinatos, es decir, una media superior a 16 homicidios al día.
Desde el pasado 2 de mayo, cuando se hizo la convocatoria para las elecciones generales del pasado 9 de septiembre, han sido asesinados más de medio centenar de candidatos a diferentes cargos, activistas y familiares de políticos.
Guatemala junto a Honduras, Colombia y El Salvador, son unos de los países más violentos de Latinoamérica, según estudios de la salvadoreña Universidad Centroamericana. En Guatemala, el promedio de asesinatos es de 41 por cada 100,000 habitantes, una de las tasas más altas del continente americano, sólo superada por Honduras (48) y Colombia (47), de acuerdo con la misma fuente.
Según el actual vicepresidente guatemalteco, Eduardo Stein, la debilidad del Estado ha favorecido la existencia de estructuras clandestinas de poder, la corrupción policial, el crimen organizado y la impunidad.
Los dos candidatos, Álvaro Colom, de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) y Otto Pérez Molina, del Partido Patriota (PP), se plantean en sus planes de gobierno decretar “Estados de Excepción” como parte de sus planes.
Desarticular y disuadir a las organizaciones del crimen, utilizar comandos militares que estén bien entrenados para vigilar las rutas de trasiego de drogas y depurar y fortalecer la Policía con unos 30,000 agentes al final de su mandato, es el plan de Colom. Además se plantea fortalecer el sistema de justicia, la creación de nuevos centros penitenciarios de alta seguridad, implementar una policía comunitaria y un Sistema de Inteligencia Civil.
La UNE, según Colom, también dará su total respaldo a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) con el fin de investigar a los cuerpos clandestinos.
Por su parte, Pérez Molina, ofrece “mano dura” contra la violencia debido a que, según su plan, “hemos estado perdiendo la guerra no declarada que impera producto de la baja capacidad del Estado para no combatir los efectos de la criminalidad que actúan con absoluta libertad e impunidad”.
La propuesta de seguridad integral del PP persigue revertir la crisis estructural del Estado capturado por poderes fácticos y criminales y con profunda vulnerabilidad estratégica para enfrentar las amenazas.
El PP se propone realizar una alianza estratégica contra la criminalidad organizada, un combate frontal al narcotráfico y a la delincuencia común en general para dar gobernabilidad a las demandas de prevención y control de la violencia social.
Erradicar la corrupción, crear fuerzas de tarea para combatir los asaltos al transporte público, la violencia contra la mujer, el robo de vehículos, las pandillas juveniles y una ofensiva para “golpear” a las mafias criminales, son los compromisos de este general retirado del Ejército.
