Más vale tarde que nunca, parece haber pensado el saliente Congreso de Guatemala. En una decisión esperada y reclamada desde hace años, el Legislativo votó la creación del Consejo Nacional de Atención al Migrante de Guatemala (Conamigua).
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El nuevo cuerpo pretende coordinar políticas interestatales para los migrantes y sus familias en Guatemala y la protección de sus derechos humanos, entre otros propósitos.
Es una iniciativa buena por sí misma, pero habrá que esperar a ver si este consejo no será otro más para cuya creación se emplean fantásticos ornamentos lingüísticos, pero que terminará a la postre sin dientes.
De todos modos, le corresponderá al futuro Presidente que salga elegido el 4 de noviembre y a su gabinete, aplicar la ley.
Desde luego, es una decisión positiva. El país — y lo mismo podría decirse de Nicaragua y Honduras; El Salvador tiene un viceministerio para atender a los migrantes— lo necesita. Un millón y medio de guatemaltecos vive en el exterior, la mayoría en Estados Unidos. Para 2007, se estima que las remesas superarán los 4 mil millones de dólares.
Esta nueva ley, pasada por el Congreso el 10 de octubre, contiene un reconocimiento expreso y justo a la contribución de los migrantes en el desarrollo económico y estabilidad de Guatemala “por encima de cualquier otra actividad productiva nacional”, leemos en el preámbulo del texto jurídico. Para su entrada en vigencia restan únicamente la firma del presidente Oscar Berger, su publicación en el diario oficial y la reglamentación.
¿Cuál es la estructura?
El Conamigua será interinstitucional. Será compuesto por representantes de los ministerios de Relaciones Exteriores, Economía y Trabajo; la Procuraduría de Derechos Humanos, el Banco de Guatemala, la Secretaría de Planificación de la Presidencia y el Congreso.
A nivel regional, formarán parte del Conamigua delegados de los consejos de Desarrollo Urbano y Rural; estos recomendarán actividades y proyectos para su jurisdicción.
Si bien organizaciones de los migrantes han recibido bien la apertura del órgano, apuntaron a un carencia importante: no incluye a sus representantes y no se tomaron en cuenta muchas de sus sugerencias. Habrá un único representante de los emigrantes en un consejo asesor complementario.
¿Cuál es la misión?
Entre las responsabilidades del Conamigua están:
—Deberá desarrollar y coordinar políticas de atención a los migrantes guatemaltecos en el extranjero;
—Velará por la protección de sus derechos humanos y laborales allá;
—Dar seguimiento a las políticas públicas hacia esas comunidades y a sus familiares en el territorio guatemalteco;
—Propiciar la participación y generar “los más amplios mecanismos” de expresión, “especialmente frente a las autoridades del Gobierno”.
Hay otras tareas, pero cabe destacar que también mantendrá “un sistema actualizado de información” sobre el número de connacionales en el extranjero, los flujos de remesas y su impacto económico, el crecimiento de la economía nacional en regiones con grandes números de emigrados y la red de embajadas y consulados para la atención a los migrantes.
Los legisladores asignaron a Conamigua fondos del presupuesto estatal no menores al 0.05 por ciento del total anual del ingreso de remesas. Además, recibirá el 25 por ciento del valor líquido de los ingresos del Estado por trámites consulares, de pasaportes o tarjetas de identidad consular.
Para la instalación del Consejo y por una sola vez, la Cancillería le transferirá el 50 por ciento de su presupuesto no ejecutado destinado a la emisión de tarjetas de identidad consular de este año, quince días después de la entrada en vigencia de la ley.
Guatemala, Honduras y El Salvador están sufriendo una deportación masiva sin precedentes de sus ciudadanos desde Estados Unidos. Al menos ahora, la nueva administración tendrá que hacer algo en su defensa.
“Sabemos que no podremos interferir en la política exterior ni en las medidas antimigrantes de otros países, pero, al menos, debemos ampliar la cobertura de los servicios consulares y de atención a los migrantes, para que cuenten con una mano a quién acudir cuando se sientan amenazados. Se trata de darles protección”, expuso el diputado Julio César López Villatoro, de la Comisión del Migrante.
“En la práctica no existe una acción conjunta y coordinada ni se aprovechan los recursos técnicos y económicos para la correcta, inmediata y debida protección de los derechos de los guatemaltecos en EE. UU. y otros países del mundo”, afirma el dictamen de la Comisión del Migrante, de acuerdo con el diario Prensa Libre.
Es posible que la aprobación del Conamigua sea una de esas acciones que políticos flojos o ineptos que dejan sus puestos —y que han evitado asuntos espinosos como este— toman para complicarle la vida a sus sucesores, pero era algo necesario.
Desafortunadamente, los migrantes nicaragüenses ni siquiera pueden soñar con algo así. El Poder Electoral no se dispone a cedular en el exterior y los problemas de nuestros compatriotas no parecen interesarle al Ejecutivo. El presidente Daniel Ortega actuó como defensor vociferante de Irán y Cuba en la ONU, pero no se acordó ni de los damnificados por Félix ni mucho menos de los migrantes en EE.UU. o en Costa Rica.
Eso sí: el FSLN y el PLC tienen tiempo y energías para “recargar” el pacto con reformas a favor de un sistema parlamentario. ¿Y los emigrantes? ¡Que Dios los ampare!
