El pacto como régimen político

Tal vez el símbolo del actual debate entre presidencialismo o parlamentarismo se encuentre aquella tarde del 10 de enero pasado. Mientras Daniel Ortega posaba ceremonioso, la cabeza altiva, recibiendo la banda presidencial y pronunciando aquel “sí, juro” acompañado de 21 cañonazos que marcaban su regreso al poder, abajo, entre los invitados especiales estaba un sonriente Arnoldo Alemán, sin importar su condena por corrupción.

Una sonrisa que también delataba que ambos tenían la sartén por el mango. Que ahora, entre ellos, se tomarían las decisiones importantes. La última de estas decisiones es negociar con Alemán un nuevo sistema de gobierno para el país, que bajo el escudo de afianzar la democracia, pueden perpetrar los caudillos como ya ocurrió en 1971 con el pacto Kupia Kumi, entre el líder conservador Fernando Agüero y el dictador Anastasio Somoza Debayle. De ese acuerdo se formó un triunvirato de gobierno y una constituyente que permitió la reelección de Somoza y su perpetuidad en el poder sin ninguna traba constitucional.

La propuesta actual se resume así: el presidente Ortega consideró que el sistema presidencialista que rige a Nicaragua es obsoleto y no recoge la expresión popular, por lo que es necesario cambiarlo por uno parlamentario, en donde la mayoría de diputados nombrarían a un primer ministro que saldría de las filas de las bancadas mayoritarias y que se sometería a las decisiones de ese parlamento.

Este último hecho ha generado alarma entre políticos de oposición, intelectuales y académicos del país; aunque la sociedad en general parece no preocuparse tanto por ello. La idea tuvo eco entre los liberales arnoldistas, que junto a los sandinistas, decidieron crear comisiones que estudien cómo sería el cambio y cuándo se aplicaría. Unos prefieren que sea desde ya, a partir de la legislatura de 2008, pero otros advierten que es muy temprano y que sería mejor primero garantizarle más poder a la Asamblea y que en las próximas elecciones los nicaragüenses estrenen completamente el nuevo sistema.

La clave del cambio está en las reformas constitucionales de 2005, impulsadas en la Asamblea Nacional por las bancadas del PLC y el FSLN. Estas reformas, cuya vigencia está suspendida, proponían restarle atribuciones al Presidente de la República y trasladarlas a la Asamblea Nacional. De esta manera, ambos partidos lapidaban el equilibrio de Poderes en el Estado e impulsaban un nuevo sistema político, con el Parlamento como eje principal en la toma de decisiones.

El 29 de marzo de 2005, la Corte Centroamericana de Justicia consideró “inaplicables” estas reformas, que hicieron tambalear la presidencia de Enrique Bolaños, pero esta posición no tuvo eco en el país y las reformas fueron aprobadas por la Corte Suprema de Justicia, cuyos magistrados están divididos entre liberales y sandinistas. En octubre de 2005, Bolaños logró una concesión de parte del entonces opositor Daniel Ortega, y acordaron aprobar una Ley Marco que pospusiera la vigencia de las reformas constitucionales hasta después del 10 de enero de 2007. Esta Ley ha sido prorrogada en la Asamblea Nacional.

Para el magistrado sandinista de la Corte Suprema de Justicia, Rafael Solís, la Ley Marco puede dejar de existir o declararse inconstitucional y de esta manera impulsar las reformas parciales a la Constitución y darle más poderes a la Asamblea, lo que el magistrado considera un primer paso para impulsar el cambio de un nuevo sistema de gobierno. Afirma que ambas bancadas cuentan con los 56 votos para aprobar las reformas.

Solís se pronuncia a favor del cambio de sistema, que él afirma debería iniciar el próximo año. Dice que garantiza una mayor apertura política, mayor estabilidad para el país y hasta la define como un “antídoto” a las dictaduras. Su opinión es que la Asamblea tenga más poder desde ya, y el cambio de la figura de un presidente por un primer ministro se realice en las elecciones de 2011, cuando termine el periodo presidencial de Daniel Ortega.

“Es un experimento como todo en Nicaragua. Puede salir bien o salir mal, pero abre más espacios, más democracia. Independientemente de que sean dos partidos los que se pongan de acuerdo”, dice Solís.

El parlamentarismo surgió en Inglaterra en 1640. El sistema parlamentario establece una Asamblea compuesta por miembros elegidos por sufragio popular y que goza de grandes poderes. Es el parlamento el que elige al jefe de gobierno, que en la mayoría de los casos es una personalidad que forma parte del partido mayoritario en el congreso, que puede llamarse primer ministro, presidente de gobierno o canciller, y que dirige la política interna de la nación.

Como el gobierno surge del parlamento, existe una marcada dependencia de este hacia el congreso. Y entre los elementos negativos está la vinculación del jefe de gobierno con el partido mayoritario en el parlamento y el bipartidismo.

El magistrado Solís habla de mantener además la figura del presidente pero esta, en un sistema parlamentario, tiene funciones más protocolarias y su función puede ser de mediador entre controversias políticas o como representante del Estado a nivel internacional. Pero el poder está en el parlamento y en el primer ministro, que puede ser destituido por el primero.

Solís dice que las reformas que se han impulsado a la Constitución desde 1995 le han brindado mayores poderes a la Asamblea, hasta el punto de hablar de la presencia de un sistema semiparlamentario en el país.

Nicaragua adoptó desde la Independencia centroamericana en 1821 un modelo republicano semejante al estadounidense porque, en palabras del experto en Derecho Constitucional, Cairo Manuel López, resultaba idóneo a los caudillos porque representaba un modelo central y poderoso.

Ese modelo ha permitido el bipartidismo, pactos entre políticos, reformas a la Constitución, dictaduras, golpes de Estado y revoluciones. Según López, el país ha tenido 15 documentos constitucionales con unas 19 reformas. La actual Constitución ha sido reformada ocho veces.

El experto en temas constitucionales, Karlos Manuel Navarro, afirma que el modelo presidencialista le ha dejado a Nicaragua 143 acciones bélicas desde la independencia, entre Golpes de Estado y revoluciones. Tal vez estas causas iluminaron al presidente Ortega, que se ha convertido en el principal impulsor en el cambio de gobierno.

De consolidarse la propuesta del presidente Ortega, Nicaragua sería el segundo país de América Latina en adoptar un sistema parlamentario, después de Belice.

El cambio en el sistema de gobierno ha centrado el debate entre políticos e intelectuales en la última semana. La mayoría de los consultados se pronuncia en contra de un nuevo sistema y para ello toman como referencia la historia política del país. Los pactos y reformas constitucionales, afirman, sólo han servido para perpetuar a dos caudillos en el poder. Algunos miran esta nueva propuesta como una cortina de humo detrás de la que se esconde una constituyente que permita a Ortega seguir gobernando después del final de su mandato en 2011.

Con un nuevo sistema, el Parlamento quedaría en manos de los dos grandes partidos, PLC y FSLN, y la figura del jefe de gobierno o primer ministro saldría de las filas de estas organizaciones, posiblemente bajo negociación y compartiendo periodos de gobierno. En todo caso, el presidente Ortega no estaría renunciando por gusto a las facultades que le restan las reformas constitucionales, porque en el nuevo sistema, el partido que él dirige compartiría un poder casi absoluto con el PLC.

“El sistema parlamentario podría servir para mantener en el poder a dos partidos políticos, para darle más poder a una sola persona o para profundizar la democracia”, afirma Cairo Manuel López, quien participó en un debate sobre el tema junto a Karlos Navarro y Joan Vitro, catalán especialista en derecho constitucional, organizado por la Universidad Americana.

Para López, las reformas constitucionales dan las condiciones internas para mantener un sistema bipartidista, un gabinete “bicolor” y la repartición de poderes.

El experto en temas constitucionales, Gabriel Álvarez, quien la última semana participó en una conferencia sobre el tema, organizada por la Fundación Konrad Adenauer, afirma que es peligroso cambiar un sistema de gobierno sin hacer un amplio análisis, tomando en cuenta el caudillismo y débil sistema institucional del país.

Álvarez afirma que las reformas buscan cambiar la atención hacia otros problemas y considera “posible” que con el cambio de sistema se pueda “escamotear” el temor a plantear la reelección presidencial sucesiva, que siempre ha estado entre las ambiciones de los caudillos criollos.

El nuevo sistema garantizaría sin problemas la continuidad en el poder y en la toma de decisiones de Ortega, y Álvarez hasta mira un sistema de dos: Rosario Murillo, actual primera dama con grandes poderes, como jefa de Gobierno, y Daniel Ortega como la figura protocolaria.

“Estamos ante un rato de inspiración de un actor ducho y que considera que un régimen parlamentario es menos obsoleto que uno presidencialista”, afirma Álvarez.

El experto se opone a un cambio repentino de sistema y afirma que los esfuerzos se deberían centrar en una mayor independencia del sistema electoral, convirtiéndolo en una institución técnica; impulsar la cedulación ciudadana, reformar la forma de elección de los diputados, pasando de planchas partidarias a elección uninominal o por suscripciones, lo que vincularía más diputados y electores.

La última semana se volvió a escuchar, después de varias semanas de silencio, la voz del vicepresidente Jaime Morales Carazo. En esta ocasión sorprendió al pronunciarse en contra de la decisión del presidente Ortega sobre el cambio de sistema, él que hasta ahora se ha pronunciado -o ha callado- a favor de las decisiones del Presidente, por más descabelladas que sean.

Morales Carazo dijo que los diputados no tienen la madurez política suficiente para asumir un cambio en el sistema de gobierno y los acusó de estar “acostumbrados a componendas”.

“Si vemos que pasamos en una Asamblea debatiendo a veces y engavetando leyes de ocho a diez años, imaginate que ahora los hermanos y amigos legisladores tuvieran a su cargo la administración pública. Te imaginás la cantidad de demora, vaivenes, compromisos, componendas y una serie de cosas que se darían”, dijo Morales Carazo.

Las reacciones de los diputados no se hicieron esperar y ese mismo día el sandinista José Figueroa le respondió a Morales Carazo que los diputados son los que tienen el poder de nombrar magistrados judiciales, electorales, fiscales, procuradores…

Pero mientras el debate y la controversia sobre el tema a penas comienza, esta semana la firma M&R dio a conocer una encuesta en la que el 95% de los encuestados pedía ser consultados a la hora de discutir un cambio en el sistema de gobierno. Casi el 51% estaría a favor de un cambio, porque fortalecería la institucionalidad; y un 38% se pronunció en contra, advirtiendo que el cambio consolidaría el poder de los dos partidos poderosos.

“El sistema político ha servido para entronizar a quienes han ostentado el poder”, afirma el experto Cairo Manuel López. Los cambios políticos que se produzcan en los próximos meses permitirán saber si aquella ceremonia de investidura del 10 de enero, tan esperada por muchos durante más de 16 años, fue en realidad una ceremonia de coronación.