- Costa Rica decidirá mañana su ratificación o su rechazo
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SAN JOSÉ/ACAN-EFE
Costa Rica se prepara para decidir en una consulta popular la ratificación de su Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos (DR-Cafta), una fórmula inédita en Latinoamérica y que, según las últimas encuestas, favorecería a los que apoyan el “No”.
Mañana domingo 7 de octubre, los costarricenses decidirán el futuro de la relación comercial con su principal socio comercial, destino del 43 por ciento de las exportaciones y origen de más del 50 por ciento de las importaciones e inversión extranjera directa.
Lo que parecía un trato hecho en el 2004, cuando se firmó el DR-Cafta junto a los otros países de Centroamérica y República Dominicana, se ha convertido en el tema más polémico de los últimos años en un país reconocido por su paz social, que enfrenta ahora una profunda polarización.
La discusión sobre la ratificación del tratado comercial ha ido más allá de un debate limitado a las condiciones de ingreso a un mercado, para transformarse en una decisión sobre el modelo de desarrollo que debe seguir el país.
Los opositores, según la última encuesta, cuentan con el apoyo del 55 por ciento de la población, 12 por ciento más que el grupo favorable al acuerdo, han afirmado que este referendo es la oportunidad de combatir “las políticas neoliberales” de los últimos años.
Por su parte, quienes respaldan el “Sí”, encabezados por el presidente Oscar Arias y los sectores empresariales, aseguran que el acuerdo comercial es el único camino para que el país continúe su crecimiento económico, los empleos, inversión y desarrollo.
El bando del “No”, que aglutina a sectores sociales, sindicatos y estudiantes, sostiene que el tratado fue “mal negociado” pues deja a Costa Rica en una situación de franca desventaja frente a los productores estadounidenses, y además, “atenta” contra el Estado “social y solidario” actual.
Arias ha calificado como “dinosaurios del pasado” a los monopolios del Estado, pero ha explicado que el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y el Instituto Nacional de Seguros (INS), no desaparecerán con la apertura, pues el mercado será regulado para garantizar la universalidad y solidaridad de los servicios ahora públicos.
ARGUMENTOS DEL “SÍ”
El tratado ofrece a Costa Rica más empleo, inversión y desarrollo, según afirman el Gobierno y el sector empresarial.
El “caballo de batalla” de la campaña del “Sí” al TLC ha sido precisamente la generación de nuevos empleos de calidad en el país centroamericano como consecuencia directa del crecimiento económico que traería el tratado.
Además, han lanzado fuertes advertencias acerca del riesgo de perder puestos de trabajo e inversión por la fuga de capitales en caso de que el acuerdo sea rechazado en la consulta popular, la primera que se celebra en el país.
Las cámaras empresariales han enfatizado que más de 800,000 empleos dependen directamente de las exportaciones, cuyo principal mercado es precisamente EE.UU., y que para no ponerlos en peligro, es necesario contar con la seguridad jurídica que garantiza el DR-Cafta.
Y ambos bandos, del “Sí” y el “No”, han reconocido el grave riesgo en que se encuentran 14,000 trabajadores del sector textil, pues las condiciones preferenciales de ingreso de estos productos al mercado estadounidense terminan el próximo año.
En el 2000, el gobierno de Miguel Ángel Rodríguez (1998-2002), impulsó un proyecto de ley para abrir el mercado de las telecomunicaciones, que ya enfrentó una férrea resistencia en las calles durante semanas y consiguió el retiro definitivo de la iniciativa.
El tratado ha polarizado tanto al país que el movimiento del “No” ya tenía planeadas manifestaciones callejeras de “consecuencias incalculables” antes de que el Tribunal Supremo de Elecciones avalara la realización de la consulta popular.
El Tribunal vio en el referendo una forma de apaciguar los ánimos.
El referendo, dijo el TSE, es “un elemento neutralizador de la descomposición política y social que el país padece” y reveló que antes de ser convocado “íbamos camino seguro a una confrontación de incalculables consecuencias”.
Según el dirigente, la consulta popular es la “única herramienta” para impedir esa confrontación.
