- Gobierno defiende el cambio súbito de las reglas que dan 99% de ganancias extras del petróleo al Estado
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El Gobierno de Ecuador afirmó el viernes que espera obtener más de 800 millones de dólares anuales por la asignación al Estado de un 99 por ciento de las ganancias extraordinarias del crudo, una medida que hace presagiar disputas con las petroleras.
El Ministro de Minas y Petróleo, Galo Chiriboga, precisó que, según cálculos preliminares, el Estado obtendrá con la medida adoptada el jueves por el presidente Rafael Correa, 69 millones de dólares mensuales de los beneficios extraordinarios obtenidos cuando el precio del crudo rebasa el fijado en los contratos. Desde el 2006, la relación era de un 50 por ciento para las compañías y de un 50 para el Estado.
Correa anunció esta decisión por sorpresa, cuatro días después de los comicios para la Asamblea Constituyente, en los que su partido obtuvo una holgada mayoría, según resultados todavía provisionales.
El escrutinio de votos indica que Alianza País puede llegar a tener 80 de los 130 representantes en la Asamblea, lo que le daría sobrada fuerza para poder hacer una Constitución con los cambios económicos que propugna Correa.
Una fuente de la industria petrolera, que pidió el anonimato, dijo a Efe que consideran que esta medida pretende situar al Gobierno en una “posición de fuerza” de cara a las negociaciones para renegociar los contratos que se iniciarán el lunes próximo.
El representante de las petroleras privadas en Ecuador, René Ortiz, mostró su sorpresa por una medida que no esperaba y consideró que el presidente Correa “no ha sido bien informado”, ya que, según afirmó, los contratos de servicios no ofrecen mayores beneficios al Estado que los de participación.
“ES CONFISCATORIO”
Más drástico en sus declaraciones a la prensa fue el también ex Ministro de Energía, abogado y asesor de empresas petroleras Fernando Santos, quien calificó el decreto firmado por Correa de “medida confiscatoria”, que podría ser “el fin de la industria petrolera en Ecuador”.
Para Santos, las compañías podrían abandonar su trabajo en Ecuador, “no sin antes demandar al Estado”, pues, a su juicio, la medida viola la legislación nacional y la internacional.
Ayer mismo, en una rueda de prensa en Quito, el Canciller de Brasil, Celso Amorim, dijo que la decisión había causado “preocupación” en la medida que puede afectar a la compañía petrolera estatal de su país, Petrobras.
A partir del lunes, Chiriboga tiene previsto reunirse con las petroleras privadas que actúan en el país, a las que presentará un esquema de renegociación de acuerdos y planteará la posibilidad de contratos de servicios en lugar de participación.
Sin embargo, Iván Rodríguez, que era Ministro de Energía del Gobierno de Alfredo Palacios cuando se aprobó la ley que repartía al 50 por ciento entre el Estado y las compañías los beneficios extraordinarios, indicó que la medida es perfectamente legal.
La medida, para Rodríguez, “puede ser inadecuada”, pero no se opone a la legislación nacional o internacional, pues sólo cambia, respecto a la legislación anterior, el margen de beneficio que corresponde al Estado de los ingresos extraordinarios por la subida del precio del crudo, lo que estaba previsto en la ley.
Hasta ahora, las empresas petroleras han mantenido una posición discreta y sólo la hispano-argentina Repsol YPF ha señalado, en España, que la medida tendrá una incidencia “muy pequeña, insignificante” en sus cuentas.
