“¡Echémosle al Fisco!”

La única visita que no puede evitar Olafo, el amargado, es la del recaudador de impuestos. Esté saqueando castillos o de parranda en alguna taberna, detrás del famoso vikingo estará aquél hombre larguirucho, de figura mustia, vestido de capucha con una hoz en la mano, dispuesto a recordarle siempre que el rey espera su contribución.

— Lo siento, en este momento no tengo dinero para pagar mis impuestos, se disculpa Olafo.

— Quizás le gustaría usar el plan de fácil financiamiento del rey, replica el recaudador.

— ¿Cuál es ese plan?, pregunta Olafo.

— Usted paga la mitad esta mañana… y la otra mitad esta tarde, explica el recaudador.

La caricatura de Dick Browne satiriza una de los más impopulares sistemas de cualquier país: la recaudación de impuestos, sistema que en Nicaragua goza de una desafortunada tradición, no sólo como fuente de recursos para que funcione el Estado sino también como instrumento de presión para conseguir objetivos políticos.

La mañana del 20 de agosto, el plantel de la transnacional petrolera Esso Estandard Oil en puerto Corinto amaneció custodiado por hombres armados que no eran los vigilantes de la empresa. La jueza Segunda Civil y Laboral de Chinandega, Socorro Toruño, había ordenado el embargo de las instalaciones a solicitud de la Dirección General de Aduanas (DGA), que acusaba a la Esso de evasión fiscal. El caso tomó por sorpresa a los nicaragüenses.

Independientemente de si la empresa petrolera debía o no impuestos, pronto quedó claro que el objetivo del gobierno era otro: necesitaba los tanques de la Esso para almacenar el combustible que estaba llegando al país.

Un día después de la toma de las instalaciones de la Esso, el asesor económico presidencial, Bayardo Arce, declaró en un canal local que el Gobierno estaba dispuesto a “negociar” con la transnacional, pero la compañía se “negaba a colaborar” en encontrar una salida a la crisis energética que afecta al país.

El 12 de septiembre, el vocero de la Esso, Gerardo González, anunciaba que la empresa estaba dispuesta a firmar un “acuerdo de entendimiento” con el Gobierno, que consistía en devolver el plantel embargado a la transnacional, a cambio de que ésta permitiera almacenar combustible a la Empresa Nicaragüense de Petróleo (Petronic).

En este caso, el Estado, cuyas instituciones son dominadas por funcionarios que responden a los dictámenes del partido en el Gobierno, usó la ley tributaria como arma de presión para doblegar a una empresa y lograr que esta cediera a sus exigencias. Una forma de chantaje que no es nueva en Nicaragua.

El hombre más temido por los empresarios durante la administración del ex presidente Arnoldo Alemán, condenado a 20 años de corrupción por fraude al Estado, era el todopoderoso Byron Jerez, quien estaba a cargo de la Dirección General de Ingresos (DGI).

Jerez hizo de la DGI una poderosa maquinaria para mantener bajo a raya a los empresarios que criticaban la forma de gobierno de Alemán. Para cumplir con los chantajes y extorsiones, Jerez contaba con 200 auditores a su cargo.

“Los impuestos se convirtieron en una palanca política de castigo”, dice el experto en derecho tributario, Julio Francisco Báez.

Uno de los casos más sonados durante la administración Alemán fue la de Datatex, empresa distribuidora de equipos electrónicos que en 1997 participó en una licitación para suministrar computadoras al sistema de administración tributaria del país, pero que a pesar de cumplir con todos los requisitos y obtener los mejores resultados en el proceso, perdió el concurso, que ganó una empresa de la que supuestamente Byron Jerez era accionista.

El dueño de Datatex, Pablo Antonio Cuadra, criticó fuertemente la decisión, siendo aplastado por el elefante conducido por Jerez. Según los reportes de la fecha, a Datatex le exageraron las ventas, no aceptaron los costos de funcionamiento que presentaron y hasta anularon los documentos de la empresa, imponiéndole deudas de hasta 8 millones de córdobas a pagar al Estado.

Cuestionado en noviembre de 1999 por el periodista Carlos Fernando Chamorro sobre este caso, Jerez respondió con ironía: “Datatex, ¿quién es Datatex? Desconozco, porque no manejo las compras de esa empresa con la DGI. Primera vez que lo oigo… Ni conozco a Pablo Antonio Cuadra ni conozco a la compañía Datatex. ¡Ve qué triste!”

Tras ese sonado caso, Roberto Terán, uno de los mayores críticos de Arnoldo Alemán y que fue constantemente acosado por el Gobierno dijo: “Vivimos en una supuesta democracia y no debemos tener miedo, aunque muchas veces las presiones te obligan a ser cauteloso, porque con solamente que no te den la solvencia fiscal, cada quince, te pueden destruir una empresa rápidamente. Eso es un adefesio tributario y una forma de tiranía”.

La época de oro del terror fiscal fue la dinastía somocista, explica Julio Francisco Báez. En esa época se estableció una red de “manipulación tributaria”, que castigaba o premiaba según los dictámenes del régimen. Aquellas empresas que se negaban a hacer negocios con la dictadura o la criticaban fuertemente, recibían de regalo la visita de inspectores tributarios dispuestos a aplastarlos con impuestos o a hacerlos a un lado acusándolos de corrupción.

Báez dice que durante la década de 1980 terminó ese sistema de manipulación, porque la recaudación de impuestos no era la principal fuente de financiamiento para el Estado y la alta inflación acababa con el valor económico de los tributos. El sistema se mantuvo similar con la administración de Violeta Barrios. Fue un lustro después, con la llegada de Alemán, que los tributos se regresaron a convertirse en arma política.

Para Julio Francisco Báez es muy pronto para acusar al gobierno actual de practicar el terrorismo fiscal, a pesar de que se han producido dos casos que mantienen tensos a los empresarios, como el embargo por la deuda de impuestos al plantel de la Esso Standard Oil en puerto Corinto, y las presiones hacia algunos medios de comunicación, a los que se les retienen equipos o suplementos por supuestas deudas con el Fisco.

¿Cómo se usa el sistema fiscal de un país como forma de extorsión? El experto en temas fiscales René Vallecillo explica que puede ser repentino, como en el caso de la Esso, o través de auditorías, fiscalización, haciendo visitas, mandando requerimientos, estableciendo una investigación particular a un contribuyente y utilizando sus gastos, informaciones de carácter fiscal para propósitos políticos, económicos o particulares.

“El Gobierno tiene que cumplir o hacer cumplir leyes, en este caso leyes tributarias, entonces ese mandato legal, jurídico, de gobernabilidad se utiliza como mecanismo para lograr ciertas conductas o comportamiento o beneficios para el Gobierno. Es decir, tras el disfraz del Estado de derecho se usa para otros fines que no son propiamente tributarios”, afirma Vallecillo.

Báez explica que con este tipo de actos se rompe el sigilo tributario, establecido en el Código Tributario, y que es un derecho de todos los contribuyentes. Según el Código, la divulgación de información de los contribuyentes sólo se puede realizar por orden de un juez o por autorización del afectado.

Domingo solicitó una entrevista con Walter Porras, director General de Ingresos, pero no hubo respuesta.

Los contribuyentes no están jurídicamente indefensos frente a los atropellos que el Estado pueda hacer a través del sistema tributario. Según René Vallecillo, las leyes tributarias del país establecen los derechos que tienen los contribuyentes para apelar o responder ante una medida del Fisco.

“Las leyes tributarias en el ámbito aduanero, de la tributación interna, en el ámbito municipal, tienen al menos dos recursos: uno de revisión y otro de apelación. En algunos casos hasta hay tres o hasta cuatro: el de recusación, el de revisión, apelación y el de amparo administrativo. O sea que el contribuyente no está indefenso jurídicamente, pero muchas veces las empresas no les gusta llevar el proceso administrativo y mejor les gustan pactar con las autoridades de turno”, explica.

Báez concuerda en que existe temor por parte de los contribuyentes a la hora de denunciar abusos o de llevar todo un proceso frente a una resolución del Fisco, por lo que prefieren los acuerdos directos.

Para el experto es lamentable esta posición de los empresarios y del sector privado en general, que debería tomar parte activa en la renovación del sistema fiscal nacional.

Los empresarios parecen tener miedo de hablar del tema, en un Gobierno que tiene bajo el brazo a todas las instituciones encargadas de hacer cumplir las leyes. Domingo solicitó una entrevista con el actual presidente de la Consejo Superior de la Empresa Privada, José Adán Aguerri, para conocer la posición de los empresarios sobre el tema, pero éste se disculpó explicando que tenía su agenda ocupada.

“El sistema fiscal de Nicaragua tocó fondo. En términos de equidad, está enfermo: los que tienen menores ingresos, aportan más. Los asalariados representan la mayor aportación del IR (Impuesto sobre la Renta) en el país. Existe esa injusticia, como un juego con dados cargados”, explica Báez. Además, Nicaragua es el país de América Latina con el mayor déficit fiscal, que según los expertos representa el 5.3% con respecto al Producto Interno Bruto (PIB).

Entre las recomendaciones del experto para modernizar el sistema fiscal nacional y evitar que pueda ser manipulado con fines políticos, están: revisar el sistema de exoneraciones, beneficios y tratamientos especiales; aumentar la carga tributaria de forma equitativa; manejar de forma honesta la recaudación de impuestos y avanzar en una reforma tributaria que garantice la modernización del sistema fiscal del país.

En Nicaragua existen 280 grandes contribuyentes. En un artículo publicado en abril en la revista económica El Observador Económico, la experta en temas fiscales Gabriela Báez Argüello, recomienda al fisco “priorizar” el control sobre esos grandes contribuyentes, para evitar que la nación pierda ingresos por evasión fiscal o el “otorgamiento desmedido de ventajas fiscales que sobregiran la capacidad del tesoro”.

De esta manera, la recaudación de impuestos dejaría de verse como aquel verdugo del vikingo Olafo, y el país contaría con un sistema tributario moderno que haría más difícil la implementación de los impuestos como herramientas de premio o castigo.