La instalación del llamado Gabinete Nacional que presidirá el presidente Daniel Ortega en conjunto con los Consejos del Poder Ciudadano (CPC), corre el riesgo de no efectuarse mañana jueves, filtraron ayer fuentes sandinistas.
La semana pasada el parlamento derogó la vinculación de los CPC con el Poder Ejecutivo, sin embargo, el diputado sandinista suplente, Elías Chévez, aseguró que el Gabinete Nacional se instalaría el 13 de septiembre con los CPC.
Pero ayer fuentes sandinistas y de los CPC informaron que la instalación del Gabinete Nacional corre el riesgo de no cumplir con lo programado, debido a que supuestamente el presidente Ortega y la Primera Dama, Rosario Murillo, están enfocados en resolver la crisis originada tras el paso del huracán Félix por la Región Autónoma del Atlántico Norte (RAAN).
Los CPC tienen a más de un millón de miembros, según los organizadores.
Éstas estructuras han sido calificadas como el “brazo armado” del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).
Consultado el coordinador de la bancada del FSLN, Edwin Castro, respondió que desconoce de la suspensión de la instalación del Gabinete Nacional.
Los sandinistas continúan con la organización de los CPC y defienden su vinculación con el Poder Ejecutivo.
LIBERALES ADVIERTEN
Mientras, los diputados liberales que pertenecen a la Comisión de Justicia y Asuntos Jurídicos, José Pallais (PLC) y Adolfo Martínez (ALN), explicaron que al entrar en vigencia la reforma a la Ley 290, de organización y competencias del Poder Ejecutivo, el presidente Ortega no podrá mantener vinculaciones con los CPC.
“Efectivamente, sería una violación al Estado de Derecho, porque el Presidente no tendría ningún fundamento legal, ninguna norma que soporte tal decisión, estaría actuando fuera del principio de legalidad, fuera de las disposiciones que establece la Ley 290, que regula la organización y funcionamiento del Poder Ejecutivo”, dijo Pallais.
El diputado por el Partido Liberal Constitucionalista aclaró que de instalarse el Gabinete Nacional el 13 de septiembre o antes de que entre en vigencia la reforma a la Ley 290, el presidente Ortega no cometería ninguna violación legal.
“Esta ley todavía está dentro de los plazos que el Presidente tiene para promulgarla o para vetarla, entonces esta reforma no ha entrado en vigencia y el día jueves todavía no entrará en vigencia, por lo cual todavía no tiene mayores efectos jurídicos”, indicó Pallais.
El presidente Ortega tiene tres salidas tras la reforma a la Ley 290: la veta, la promulga o recurre por inconstitucionalidad ante el Poder Judicial.
Hasta ahora el Poder Ejecutivo no ha emitido ninguna posición oficial tras la reforma a la Ley 290, aprobada el pasado jueves.
Por su parte, el diputado por la Alianza Liberal Nicaragüense (ALN), Adolfo Martínez, advirtió al Poder Ejecutivo que un desacato a las leyes del país contrae castigos jurídicos.
Martínez se declaró confiado en que el presidente Ortega, como primer ciudadano de la nación, sabrá respetar lo establecido en la Ley 290.
LO MÁS IMPORTANTE
Pallais sostuvo que la reforma a la Ley 290 dejó como su más importante elemento la regulación de la participación de las distintas organizaciones con relación al Poder Ejecutivo.
“Se hace una regulación en el marco de las facultades del Poder Ejecutivo sobre cómo debe ser la participación: se dejó consignado que debe ser pluralista, con igualdad de oportunidades para todos los nicaragüenses, sin privilegios y sin ventajas para ningún sector político o partidario”, detalló Pallais.
