CORRESPONSAL / BLUEFIELDS
El director del Instituto Nacional Forestal (Inafor), William Shwartz Cunningham, denunció que los comunitarios locales han vendido cada árbol de caoba, ubicado en las comunidades de La Cruz del Río Grande y El Tortuguero, Región Autónoma del Atlántico Sur (RAAS), en mil córdobas y hasta en 200 córdobas.
Shwartz Cunningham lamentó que los comunitarios oferten hasta en 26 dólares el metro cúbico de bosque, donde hay caoba.
El funcionario gubernamental responsabilizó a las anteriores autoridades de esa institución por “armar una vulgaridad e irresponsabilidad”, con los bosques del Atlántico Sur para beneficiar a algunos madereros que son depredadores.
“En este país y particularmente en las Regiones Autónomas se extendieron 2 mil 364 planes mínimos, esa es una barbaridad, una vulgaridad, todos fueron de caoba y cedro macho”, dijo Shwartz Cunningham.
Agregó que “esos planes mínimos no requieren mucho manejo, son de corte, descreme; cortar lo mejor y llevarme el árbol. Nuestras comunidades cayeron en la trampa de vender esos planes mínimos a particulares”.
El director del Inafor aseguró que un solo maderero tenía en su poder más de 30 planes mínimos, lo que en la práctica sería una concesión forestal para explotar bosques sin tener que reforestar.
“Eso lo autorizó Indalecio Rodríguez” (ex director de Inafor), acusó Shwartz.
El director del Inafor asistió ayer en Bluefields a la firma de un convenio de cooperación para la elaboración de la estrategia forestal, entre el Consejo y Gobierno Regional y la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe de Nicaragua (Uraccan), con el fin de ordenar la explotación maderera en la RAAS.
Shwartz confirmó que autorizaron a los madereros que antes del decreto de veda forestal habían cortado árboles, para sacar tucas antes del próximo mes de diciembre.
«El que para diciembre no haya sacado sus tucas, lo sentimos mucho porque ya no les vamos a dar más autorización», sentenció.
Shwartz dijo que el próximo lunes formarán una Comisión Interinstitucional, integrada por la Policía, la Procuraduría, Inafor y la Fuerza Naval, entre otros, para ir a los sitios donde hay bosque tumbado para verificar in situ si son madera cortada antes del decreto, o si son después del decreto de veda forestal.
