Contra viento y marea, en medio de escepticismo, bajo presión popular e internacional y con mañas y fuerte cabildeo del Gobierno, Guatemala pasó finalmente la ley que creará la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).
¿De qué se trata esta CICIG? Es un órgano que tendrá como misión investigar y desmantelar los grupos clandestinos del crimen organizado que están infiltrados en las estructuras del Estado.
Se cree que estas mafias son los verdaderos poderes fácticos en la sombra. Un grupo criminal ligado al narcotráfico, la banda de Jalpatagua, habría sido la responsable de organizar y ejecutar el asesinato de los tres diputados salvadoreños del Parlacen y de su conductor en febrero pasado.
La nueva entidad lidiará con elementos de ese tipo.
La comisión será financiada por países amigos y la conformarán expertos policiales internacionales que coordinarán su trabajo con las autoridades locales.
La idea de la CICIG se comenzó a discutir hace 4 años, pero no fue sino hasta diciembre del año pasado cuando el Gobierno guatemalteco y las Naciones Unidas firmaron un acuerdo formal.
Se debía entonces aprobar una ley que atravesó por una verdadera carrera de obstáculos.
Las peores barreras fueron puestas por personas llamadas a servir supuestamente al país: diputados de distintos partidos.
Que la CICIG era inconstitucional; que violaba la soberanía del país; que abría las puertas a la intromisión extranjera, etc.
Se acudió a todas las armas posibles: un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional —el cual falló que el proyecto de ley no tenía roces con la Constitución—; un dictamen desfavorable de la comisión parlamentaria de Relaciones Exteriores y, por si fuera poco, se intentó tácticas dilatorias el día mismo de la votación en el Congreso.
¿No es por el bien de la sociedad que se investiga al crimen organizado?
Es una actitud sospechosa la de los legisladores y pareciera confirmar las acusaciones o insinuaciones de que tienen lazos oscuros. Porque … ¿a qué otra conclusión llegar?
Es precisamente un diputado guatemalteco a quien se está acusando de la autoría intelectual del asesinato de los diputados parlacénicos.
La principal oposición a la CICIG vino del partido del caudillo Efraín Ríos Montt, el Frente Republicano Guatemalteco, una fuerza de derecha con vínculos a ex militares represores y que, cuando estuvo en el poder hace unos años, demostró su estilo de gobernar corrupto y matonesco.
¿Y quién es Ríos Montt? Un ex dictador señalado de cometer crímenes de lesa humanidad y de guerra en la peor época de la guerra contrainsurgente de los años 80.
La CICIG no se ocupará de los crímenes de la guerra sucia. Ríos Montt y otros ex represores están siendo procesados por la justicia española. Si los abusos de aquel tiempo no son el objeto del trabajo de la comisión, ¿por qué estar en contra? Probablemente, el anciano caudillo desea proteger a muchos de sus correligionarios.
La violencia sigue imparable. Guatemala sufrió en los últimos años más de 4 mil muertes violentas cada año; hay unos 30 homicidios por cada cien mil habitantes. Los feminicidios se acercaron a los 300 en la primera mitad de 2007; el año pasado hubo 565. Todo según estudios independientes.
Aparte de estas frías estadísticas del horror, está la impunidad. La mayoría de los crímenes no son aclarados.
El país está en campaña para los comicios generales del 9 de septiembre. Hoy se afirma que será la más violenta de los años recientes. Solamente hasta julio pasado, 39 activistas políticos o candidatos habían sido asesinados, un ritmo superior al de la campaña de 2002.
El asesinato de los diputados del Parlacen y la evidente infiltración de la Policía guatemalteca por la delincuencia, impactaron a toda Centroamérica.
Únicamente se puede saludar como positiva la adveniente CICIG. Aunque, para convertirse en un ser de carne, hueso y dientes, le queda aún un largo camino.
