La legislativa Comisión de Probidad y Transparencia resolvió ayer investigar de oficio el polémico caso de extorsión por unos terrenos de Tola, Rivas, que supuestamente habría cometido el ex diputado sandinista Gerardo Miranda en contra de inversionistas.
La presidenta de la comisión, Miriam Argüello, indicó ayer que la decisión la tomaron tras analizar la Ley Orgánica de la Asamblea Nacional y la Ley de Probidad.
“Nosotros vamos a iniciar de oficio la investigación de este caso y de todos los casos que se presenten y vengan a esta comisión, para tratar de eliminar de una vez por todas y descubrir de una vez por todas, todas aquellas irregularidades y delitos que se han cometido por funcionarios públicos y por el sector privado”, dijo Argüello.
Miranda, nombrado cónsul de Nicaragua en Liberia, Costa Rica, habría exigido a inversionistas cuatro millones de dólares a cambio de resolver la situación legal de unas tierras.
“Nosotros vamos a llamar aquí a todas las personas que esta comisión considere que son mencionadas y que puedan tener una relación o conocimiento de situaciones que puedan esclarecer lo que ha habido en este caso y así lo vamos a hacer en cualquier otro caso”, señalo Argüello, diputada por el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).
Sin embargo, Argüello no ofreció nombres precisos de las personas que serán llamadas por la comisión. La diputada explicó que elaborarán un calendario de trabajo para el caso.
Además de Miranda, en el sonado caso de extorsión se ha mencionado a Lenín Cerna, un cercano colaborador del presidente Daniel Ortega. También el contralor suplente, Vicente Chávez.
De parte de los inversionistas está involucrado el denunciante, Armel González.
