La Contraloría General de Costa Rica interpuso una acción de inconstitucionalidad contra el Gobierno del presidente Oscar Arias, por destinar a la educación pública menos del seis por ciento del PIB, que establece la Constitución Política, trascendió este miércoles.
El Ministerio de Hacienda presupuestó un gasto equivalente a unos 1,312 millones de dólares para el período fiscal 2007, que representan el 5.6 por ciento del PIB, advirtió la contralora general Rocío Aguilar en su alegato ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.
El faltante en el presupuesto para educación asciende a unos 79 millones de dólares, de acuerdo con Aguilar, lo que permitiría solventar ingentes necesidades educativas tales como aulas, pupitres, baños y laboratorios de informática.
No obstante, el Ministro de Hacienda, Guillermo Zúñiga, aseguró que las estimaciones de la contralora no toman en cuenta el presupuesto cercano a esos 79 millones de dólares del Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), dedicado a la enseñanza de diversos oficios.
