La Sala Constitucional de Costa Rica aceptó ayer la petición de la defensora de los habitantes, Lisbeth Quesada, de revisar el Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, República Dominicana y EE.UU. antes de que se someta a un referendo.
La Sala informó ayer en su resolución de que la defensora deberá presentar una copia del DR-Cafta en los próximos ocho días y a partir de allí los magistrados contarán con un mes para pronunciarse sobre la constitucionalidad del tratado.
Quesada presentó la petición a los magistrados el pasado 27 de abril haciendo valer la ley de jurisdicción constitucional que le autoriza a solicitar el criterio de Sala cuando un proyecto de ley “infringe derechos o libertades fundamentales”.
De esta forma, la Sala emitirá un criterio antes de que el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) realice el referendo.
El TSE estableció como “fecha tentativa” el 23 de septiembre para llevar a cabo la consulta popular, pero advirtió que esa fecha está sujeta a cambios en caso de que ocurran imprevistos.
Los sectores opuestos al tratado habían insistido en la necesidad de que la Sala Constitucional se pronunciara acerca de ese acuerdo comercial antes de la consulta popular, mientras el Gobierno sostenía que esa consulta constitucional no procedía.
Un estudio elaborado por juristas y académicos de la estatal Universidad de Costa Rica señaló esta semana al menos diez posibles roces con la Carta Magna, pero el Ministerio de Comercio Exterior lo rechaza.
