- ALN, MRS y PLC denuncian ilegalidad de traspaso de adeudos al Gobierno
Representantes de tres de los cuatro partidos con representación en el parlamento cuestionaron la legalidad de la deuda que la empresa Alba Petróleos de Nicaragua (Albanic) adquirió en el marco del acuerdo petrolero que el país suscribió con Venezuela en enero pasado.
En ello coincidieron el diputado liberal constitucionalista Francisco Aguirre Sacasa, presidente de la Comisión de Producción, Economía y Presupuesto de la Asamblea Nacional; Eliseo Núñez, diputado de la Alianza Liberal Nicaragüense y presidente de la Comisión de Infraestructura, y Hugo Torres, diputado suplente del Movimiento Renovador Sandinista (MRS).
Durante su participación en el programa televisivo Primera Plana de Canal 2 y LA PRENSA, Aguirre manifestó que considera que “la gracia de Albanic es que era una empresa no estatal, casi privada, en donde no había ningún endeudamiento por parte del Estado de Nicaragua”.
Sin embargo, Albanic será liquidada y el trato petrolero con Venezuela pasará a ser administrado por el Gobierno, que asumirá los compromisos financieros y que pasarán a formar parte de la deuda externa de Nicaragua.
“La Ley de Endeudamiento dice que todo acuerdo internacional que comprometa a la República de Nicaragua (en términos financieros, por ejemplo) tiene por constitucional que ser pasado a la Asamblea Nacional, para ser aprobada o rechazada”, dijo.
Se estima que Nicaragua ha recibido hasta el momento unos 251 mil barriles de derivados de petróleo venezolano, que equivale aproximadamente a 15.4 millones de dólares. Sin embargo, estos adeudos no han sido aprobados por el parlamento.
Torres calificó de “ficción” el que se crea que Nicaragua recibiría petróleo a menor costo de parte de Venezuela. Recordó que dicho país es miembro de la OPEP (Organización de Países Productores y Exportadores de Petróleo), lo que lo obliga a mantener los precios internacionales del crudo, es decir a valor de mercado.
TEMA DE CONFLICTO ENTRE PODERES
Aguirre manifestó que la falta de transparencia, mostrada por el Gobierno entorno al acuerdo de suministro de petróleo de Venezuela, podría convertirse en uno de los principales temas de discordia entre los poderes Legislativo y Ejecutivo.
La factura petrolera del país sumó 676.3 millones de dólares en el 2006, con el consumo de 10 millones de barriles.
